Diversas organizaciones de la patronal de distribución de carburante, los principales sindicatos del sector y asociaciones del ámbito de la discapacidad y de consumidores han reclamado hoy en Valencia la regulación del funcionamiento de las gasolineras sin personal de atención, una nueva forma de negocio que se caracteriza por no disponer de empleados que atiendan al público y que se está extendiendo a lo largo de la Comunitat Valenciana en los últimos meses.
De este modo, han diseñado una estrategia conjunta contra este tipo de instalaciones, que “entrañan un riesgo para la población, un perjuicio para el empleo, una discriminación hacia las personas con discapacidad y una competencia desleal”. Por ello, han aprovechado para mostrar distintas iniciativas, como la elaboración de unos vídeos que tratan de explicar el posible riesgo de incendio, la necesidad de una atención igualitaria a los clientes, el potencial daño al medio ambiente o la pérdida de empleo.
Por consiguiente, han solicitado que el funcionamiento de estas instalaciones sea regulado por la administración, con el objetivo de asegurar una competencia limpia en el sector y la seguridad para los consumidores, y evitar así la destrucción de empleo y posibles casos de discriminación hacia las personas con la movilidad reducida o que, por cualquier otra circunstancia, necesiten este servicio, como tercera edad o personas solas al cargo de niños de corta edad.
Las organizaciones reunidas hoy en Valencia han querido aclarar que no están en contra de las gasolineras low cost ni de los precios bajos en el carburante, pero sí de las implicaciones negativas señaladas. Juan José Sánchez, presidente de la Federación Mediterránea de Estaciones de Servicio, ha insistido en que estas gasolineras desatendidas incumplen una serie de obligaciones legales que implican una competencia desleal con el resto de estaciones, y ha destacado que el carburante es un producto peligroso y contaminante, por lo que se requiere un control y unas medidas de seguridad para el consumidor y el medio ambiente. Por su parte, desde los sindicatos, han señalado que abaratar el coste del carburante por la vía de eliminar el coste laboral es algo que perjudica a todos los ciudadanos, en especial, en un contexto de grave desempleo como el actual.
Desde COCEMFE CV, observan que esta situación ya ha sido regulada en otras comunidades autónomas como Andalucía, Castilla La Mancha, Asturias, Navarra o Aaragón, normativas que recogen las circunstancias de las personas con la movilidad reducida. Carlos Laguna, presidente de COCEMFE CV, ha hecho hincapié en la necesidad de salvaguardar los intereses de las personas con discapacidad y sus derechos como consumidores: “Queremos expresar una radical oposición al uso exclusivo de estos nuevos sistemas, puesto que consideramos que no se puede anteponer únicamente los intereses económicos a las necesidades y derechos de las personas”. Así lo expresa la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, que establece lo siguiente: “Todas las personas físicas o jurídicas que, en el sector público o en el privado, suministren bienes o servicios disponibles para el público, ofrecidos fuera del ámbito de la vida privada y familiar, estarán obligadas, en sus actividades y en las transacciones consiguientes, al cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, evitando discriminaciones, directas o indirectas, por motivo de o por razón de discapacidad”.