El Gobierno acordó este viernes establecer el día 3 de mayo como Día Nacional de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas.
Este día, propuesto por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social e impulsado por el movimiento asociativo, tiene como objetivo conmemorar y reconocer la importancia de este instrumento normativo internacional, que ha supuesto un cambio de paradigma a la hora de abordar el fenómeno de la discapacidad.
El presidente de COCEMFE, Anxo Queiruga, considera que la declaración de este día va a servir para que “se siga promoviendo la cultura de los derechos humanos en el ámbito de las personas con discapacidad”.
Por otro lado, el presidente de COCEMFE celebra que, gracias a esta medida, “se va a impulsar el conocimiento de los valores y principios recogido en la Convención”. “Esperamos que sirva para su plena aplicación en todos los niveles políticos y sociales con el objetivo de garantizar todos los derechos de las personas con discapacidad”, añade.
La Convención y su Protocolo Facultativo fueron aprobados por la Asamblea General de la ONU el 13 de diciembre de 2006. España la ratificó en 2007 y el 3 de mayo de 2008 entró en vigor, pasando a formar parte de su ordenamiento jurídico. Los principios y los derechos que se reconocen en la Convención comportan un cambio en el concepto de discapacidad, que supone la consagración del enfoque de derechos a la hora de diseñar políticas dirigidas a este colectivo.
Gracias a ella, se considera a las personas con discapacidad como sujetos titulares de derechos y el Estado está obligado a garantizar que su ejercicio sea pleno y efectivo.
Todo ello ha supuesto importantes cambios, entre los que destacan la visibilidad de este grupo social dentro del sistema de protección de derechos humanos de Naciones Unidas, la asunción del fenómeno de la discapacidad como una cuestión de derechos humanos y el hecho de contar con una herramienta jurídica vinculante a la hora de hacer valer los derechos de estas personas.
Según el Ejecutivo, la legislación española es una de las más avanzadas del mundo en reconocimiento de derechos a las personas con discapacidad y está a la cabeza en los países de la UE en esta materia.
