El ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, a través de la secretaria general de Sanidad y Consumo, Pilar Farjas, ha desestimado el recurso administrativo interpuesto por el CERMI contra la resolución ministerial que establecía los criterios de participación en el coste (copago) de los usuarios de la prestación farmacéutica dispensada en el medio hospitalario, con lo que queda abierta la vía judicial.
En un escrito, el Departamento que preside Ana Mato rechaza todos y cada uno de los alegatos del CERMI, tanto los formales como los materiales, y mantiene su decisión originaria, que regula la aplicación de la previa extensión legal del copago a los medicamentos que se suministran en el ámbito hospitalario, para pacientes no ingresados, que hasta ese cambio legal estaban exentos de aportación del usuario.
El CERMI lamenta esta decisión de Sanidad, que persiste en unos argumentos equivocados e injustos que restringen el acceso de muchas personas con discapacidad y enfermas crónicas a la prestación farmacéutica, haciéndola más gravosa aún, lo que compromete su derecho a la salud y a la asistencia sanitaria.
Ante esta desestimación, el CERMI va a plantear recurso contencioso-administrativo frente al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, solicitando la anulación de la resolución ministerial, así como su suspensión cautelar hasta que se pronuncie el órgano sobre la cuestión de fondo.
Más allá del ámbito judicial, el CERMI reclama una solución política a esta cuestión, que pasa por modificar la ley del medicamento, a fin de dejar exentas de aportación en este tipo de prestación farmacéutica de las personas con discapacidad y personas con enfermedades crónicas.
