Portavoces del PSOE, Podemos, del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y de la Plataforma del Tercer Sector (PTS) han coincidido en reclamar una reforma constitucional que recoja los derechos sociales, económicos y culturales como fundamentales, aunque han discrepado en la fórmula que se debe aplicar y en cómo han de repartirse las competencias.
Así lo pusieron de manifiesto Luisa Carcedo, secretaria de Bienestar Social del PSOE; Alberto Montero, diputado de Podemos y presidente de la Comisión de Empleo y Seguridad Social del Congreso; Concha Díaz, vicepresidenta del CERMI, y Rafael de Lorenzo, secretario general de la PTS, durante su participación en una mesa redonda organizada por el CERMI y celebrada en Servimedia, y sobre la que se puede consultar más información aquí.
La socialista Luisa Carcedo señaló que “nuestra propuesta es la creación de una subcomisión específica de estudio para diseñar una propuesta de reforma constitucional en esta dirección”. Además, añadió que “hasta ahora nos hemos encontrado con el muro del Partido Popular que nunca ha aceptado sentarse a discutir el alcance de esa reforma constitucional, pero no perdemos la esperanza”.
Para el parlamentario de Podemos, “la constitucionalización de los derechos sociales, económicos y culturales debería ser un horizonte al que necesariamente deberíamos transitar”. A su juicio, la equiparación de la importancia de los derechos civiles y los sociales está siendo la tendencia en las reformas constitucionales que se están produciendo en otros países.
“Según nuestra Constitución, somos un Estado social, pero a la hora de la verdad los derechos sociales no están constitucionalizados”, denuncia la vicepresidenta del CERMI, quien lamentó la diferencia que existe entre los diferentes territorios de España en materia de servicios sociales y atención a la discapacidad.
En opinión del secretario general de la PTS, la reforma de la Carta Magna supone un reto de modernidad del siglo XXI. “Es un debate esencial si se quiere transitar hacia una sociedad mucho más avanzada desde el punto de vista de la protección jurídica de los derechos esenciales, humanos, fundamentales, de las personas y de los ciudadanos”, agregó Rafael de Lorenzo.
El debate sirvió también para abordar el reconocimiento que debe tener el Tercer Sector, que según de Lorenzo, “reivindica para el futuro que se reconozca de manera más explícita el papel que hace, pero no con declaraciones retóricas, sino actuando, poniendo en marcha mecanismos de transformación de futuro, en la Constitución, en el marco legal que corresponda en cada momento y en los sistemas de financiación y de control”.
Asimismo, para desempeñar mejor su función, el representante de la PTS pidió una mayor seguridad jurídica, porque a su juicio, actualmente “el sector público expulsa cada vez a más gente de sus ámbitos de protección hacia las entidades sociales, pero por otra parte le va cortando la hierba bajo los pies, de manera que dispone de menor cobertura jurídica y menos capacidad de financiación”. De esta forma, abogó no por ser un complemento del sistema público, sino por “tejer alianzas”.
En este sentido, la secretaria de Bienestar Social del PSOE advirtió de que los servicios sociales deben ser competencia pública, y afirmó que “vemos al Tercer Sector como complemento a determinadas actividades que desde la Administración pública no pueden prestar con la misma flexibilidad y particularidad”.
Para el diputado de Podemos, lo que se debe hacer es reforzar lo público frente a los ámbitos de prestación y decisión privados, “no porque nos parezcan malos en sí, sino porque la práctica en este país de determinados sectores lleva a que esos ámbitos sean espacios de poder”.
“La sociedad civil organizada, sin duda, cumple un papel de diálogo necesario y tiene su valor”, manifestó Concha Díaz, quien apuntó que la máxima que se debe aplicar es “a cada persona, según sus necesidades, y de cada persona, según sus posibilidades”.
La también presidenta de la Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE) hizo un llamamiento a que se tenga en cuenta que dentro del grupo social de las personas con discapacidad y en general de todos los colectivos, “las personas que más sufren son siempre las mujeres”.