La crisis de la COVID-19 ha afectado duramente a toda la sociedad, pero especialmente a las personas más vulnerables, como son los más de 4 millones de personas con discapacidad (el 9% de la población total), que residen en España. Los datos, proporcionados por el Observatorio Estatal de la Discapacidad (OED), resaltan también cómo la crisis sanitaria, económica y social generada por la pandemia ha aumentado la situación de riesgo de este colectivo.
Precisamente, en el ámbito de la salud, se han visto vulnerados muchos de sus derechos ya que los protocolos sanitarios, sobre todo en los primeros meses de la pandemia, excluían de la atención hospitalaria a personas con discapacidad y/o edad avanzada; se suspendieron procesos de rehabilitación durante el confinamiento; o se anularon y/o aplazaron tratamientos médicos. Lo mismo ocurrió en cuanto a la accesibilidad, puesto que las primeras comunicaciones públicas no tuvieron interpretación, excluyendo del acceso a la información a las personas sordas, ciegas y sordociegas; a la vez que no se adaptó la información de la pandemia a lectura fácil, fundamental para las personas con discapacidad intelectual.
Además, en el ámbito de la educación también vieron vulnerados sus derechos ya que la suspensión de las clases generó, en datos de la Fundación FOESSA recogidos por el OED, que un 17% de los hogares bajase el rendimiento escolar al no contar con apoyos adecuados y que, según datos de Plena inclusión, el 43,6% de estudiantes con discapacidad tuvo problemas para seguir el curso. Por último, en el ámbito económico, según señala Plena inclusión en su Informe de la COVID19 en las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, casi el 71% de las personas con discapacidad no pudo trabajar durante el confinamiento y el 22% de las familias tuvo menos ingresos.
Para combatir esta vulneración de derechos y brindar a las personas con discapacidad la ayuda y apoyos que necesitan, las ONG desarrollan diferentes proyectos financiados con el IRPF gracias a las personas que marcan la “X Solidaria” en la declaración de la renta. Gracias a ello, en 2020 las ONG atendieron a más de 1,1 millón de personas con discapacidad, en un esfuerzo por no dejar a nadie atrás.
Entre las entidades que luchan por los derechos de las personas con discapacidad está Plena inclusión, quienes, además de denunciar la situación que viven las personas con discapacidad durante la pandemia de la COVID19, desarrollan diversos programas estatales y autonómicos en beneficio de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. Tratan de mejorar todos los ámbitos de su vida, desde la Infancia –con programas relacionados con la Atención Temprana o la Educación inclusiva–, a la etapa adulta, con programas de Formación y conocimiento, Empleo, Acceso a la Vivienda, Asistencia Personal, Acceso a la Justicia, o Atención a personas reclusas y exreclusas. Junto a todo ello, Plena inclusión también incide en las últimas etapas de la vida de estas personas, a través de programas de envejecimiento, y en otras situaciones de especial vulnerabilidad. Finalmente, también actúa en la sociedad a través de un programa estatal de Sensibilización social y empoderamiento de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo.
Otra entidad que trabaja para conseguir la igualdad de oportunidades y la participación activa en la sociedad de las personas con discapacidad, en concreto, de aquellas que presentan trastorno del espectro del autismo (TEA), es la Confederación Autismo España. Gracias a la “X Solidaria”, desarrolla varios programas que ayudan a mejorar la calidad de vida de estas personas y de sus familias. Entre ellos, destacan Detección, diagnóstico y atención temprana, para aumentar y transferir el conocimiento en relación a estas tres áreas fundamentales para el colectivo; La salud de las personas con TEA, para promover la salud de las mujeres y hombres con autismo, teniendo en cuentas las necesidades de cada sexo y garantizando una atención adecuada que redunde en su bienestar físico, psicológico y emocional, o Situación de las personas con TEA en España, para promover el conocimiento sobre las prioridades del colectivo, contribuyendo a la planificación de políticas públicas y recursos de apoyo que favorezcan su calidad de vida a lo largo de todo el ciclo vital.
Por su parte, la Confederación Española de Familias de Personas Sordas (FIAPAS) cuenta este 2021 con tres programas que se llevan a cabo gracias a la “X Solidaria”. Uno sobre Fortalecimiento del Movimiento Asociativo FIAPAS que se centra en la coordinación de sus redes de trabajo en el plano estatal y otro es el Programa Servicio para el acceso a la información y a la comunicación de las personas sordas. Este se centra en acciones de incidencia política y social en materia de accesibilidad e integra acciones dirigidas al millón de personas sordas que viven hoy en día en España (según datos del INE) para que puedan participar en igualdad de condiciones, a través de productos de apoyo a la audición y a la comunicación oral, como el subtitulado y el bucle magnético. Por último, FIAPAS cuenta con un programa destinado a su campaña anual de sensibilización de los derechos de las personas sordas, llamada Que lo Escuche Todo el Mundo, que trata de visibilizar las necesidades de este colectivo y las barreras a las que se enfrentan cada día, a las que, en esta situación sociosanitaria, debemos añadir otras como las mascarillas, las mamparas y la distancia social.
Otra entidad que centra sus esfuerzos en la inclusión de las personas con discapacidad es la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE). Esta ONG, gracias a la “X Solidaria” ha desarrollado en 2020, 41 proyectos que han beneficiado a 461.652 personas. Estos proyectos han sido fundamentales en el actual contexto de pandemia para proporcionar apoyos a las personas con discapacidad física y orgánica y continuar promoviendo su autonomía y vida independiente, la formación e inclusión laboral, la educación inclusiva y la atención sociosanitaria. Igualmente, impulsan el voluntariado, el fortalecimiento asociativo y la igualdad de las mujeres con discapacidad, algo fundamental ya que, tal y como destaca COCEMFE, las mujeres con discapacidad viven en una situación de mayor discriminación: por el hecho de ser mujeres y multiplicada por tener discapacidad.
Además, según el estudio Mujer, Discapacidad y Violencia, realizado por la Federación de Mujeres Progresistas y publicado en 2020, el 71% de las participantes de la encuesta afirmó haber vivido violencia de género en algún momento de su vida. En este sentido, la Fundación CERMI Mujeres, quien también colaboró en dicho estudio, ejecuta en este año 2021 tres proyectos financiados a través de las subvenciones para proyectos de interés general y social del IRPF. Continua con su proyecto violencia EXIT que atiende a mujeres víctimas de violencia, ofreciendo asesoramiento jurídico, formación en la materia y desarrollo de investigaciones y generación de conocimiento. Asimismo, se está ejecutando un proyecto centrado en la formación en materia de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres adultas y jóvenes con discapacidad, así como una iniciativa centrada en la figura de la asistencia personal para mujeres con discapacidad víctimas de violencia.
