La Organización de Naciones Unidas (ONU) denuncia que la segregación y la exclusión de los/as estudiantes con discapacidades de la educación general equivale a “violaciones graves de su derecho a la educación”.
Esta es la conclusión de diferentes expertos/as de derechos humanos tras una investigación a la que ha sido sometida España, aunque el Ejecutivo ha expresado su desacuerdo con la idea de que España niega la igualdad de derechos a estas personas y que lo hace de manera deliberada, dado que, a su juicio, el país “ha apostado por la educación inclusiva para todo el alumnado”.
Por el contrario, la investigación señala que España ha contribuido a un sistema discriminatorio que utiliza la ley para mantener dos modelos educativos y desviar a los estudiantes con discapacidades fuera de la educación general.
Carlos Parra, miembro del Comité de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, hizo hincapié en que “dos modalidades separadas de educación no pueden coexistir en un sistema de educación inclusiva basado en el derecho a la no discriminación y la igualdad de oportunidades”, sino que “el sistema debe consistir en una modalidad para todos los estudiantes y debe basarse en la calidad de la educación, proporcionando a cada alumno el apoyo que él o ella requiera“.
Según el informe, las personas con discapacidad acaban en un sistema de educación paralelo que consiste en centros de educación especial o aulas especiales dentro de las escuelas. Además, la falta de garantías para los mecanismos de monitoreo significa que, una vez que un estudiante abandona el sistema educativo general, él o ella permanecerá fuera.
Una de las consecuencias de este sistema, según el informe, consiste en “la invisibilización de las personas con discapacidad, dejándolas fuera del sistema general, identificándolas desde sus primeros años de vida como ‘personas que no pueden lograr como las demás’”.
Por ello, este Comité instó a España a establecer un plan de acción en colaboración con las organizaciones que representan a las personas con discapacidad para que la educación inclusiva se conciba “como un derecho y no sólo como un principio” con el objetivo de que se elimine la educación segregada de la legislación educativa, tanto a través de unidades en las escuelas como de centros especializados.
Graves deficiencias del sistema actual
El presidente de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica, Anxo Queiruga, coincide en que “el sistema actual presenta graves deficiencias hacia las personas con discapacidad”, puesto que las “discrimina cada día limitando su desarrollo desde los primeros años de vida”.
En este sentido, argumenta que aparte de acabar con la segregación educativa, hay que “garantizar su aprendizaje, con recursos docentes, materiales y económicos suficientes para que reciban los apoyos necesarios para que terminen los estudios, y tengan un desarrollo formativo similar al del resto de los compañeros y compañeras sin discapacidad”.
Ante esta situación y gracias a financiación del 0,7% del IRPF del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ( la X Solidaria), COCEMFE desarrolla desde el año 2014 programas de promoción de la educación inclusiva y de soporte a la atención del alumnado con necesidades educativas por motivo de discapacidad.
“Este año estamos desarrollando un programa estratégico para la creación de una consultoría tecnológica nacional dirigida a la comunidad educativa, con la que COCEMFE pretende facilitar que se conozca y se entienda la discapacidad y, también, fomentar el uso de las tecnologías inclusivas y los productos de apoyo, y la sensibilización en aspectos relacionados con la diversidad y la educación inclusiva”, concluye Queiruga.
