La Fundación CERMI Mujeres (FCM) ha exigido terminar con las esterilizaciones forzosas por razón de discapacidad, que sufren especialmente las mujeres y niñas, porque se trata de una práctica que además de vulnerar sus derechos sexuales y reproductivos, cercena también sus derechos civiles y políticos.
Así se desprende del informe “Poner fin a las esterilizaciones forzosas de las mujeres y niñas con discapacidad”, elaborado por la FCM y el Foro Europeo de la Discapacidad (EDF, por sus siglas en inglés), que ha sido presentado en la sede del Consejo General de la Abogacía Española.
El acto ha sido conducido por la directora ejecutiva del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Pilar Villarino, y ha contado con la participación de Luis Nieto, consejero electivo del Consejo General de la Abogacía Española; Ana Peláez, vicepresidenta ejecutiva de la FCM, e Isabel Caballero, coordinadora de la entidad. Además, ha incluido una condena pública de las esterilizaciones forzosas por parte de Nel González Zapico (Salud Mental); Enrique Galván (Plena inclusión) y Jesús García (Autismo España). Asimismo, el encargado de clausurar la jornada ha sido Borja Fanjul, director general de Políticas de Apoyo a la Discapacidad del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Como ha explicado Isabel Caballero, “uno de los grandes problemas existentes es la falta de transparencia, algo que viola la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, un tratado que España ha ratificado y que por tanto está obligada a cumplir”. Los datos existentes, según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), reflejan que el número total de casos resueltos asciende a 140 en 2016, sin que sea posible conocer la resolución final de cada procedimiento y sin que se pueda saber la incidencia en mujeres y hombres, ya que los datos no se hallan desagregados por sexo.
Asimismo, la coordinadora de la FCM ha explicado que no hay cifras de 2014 y 2015, pero que la FCM tuvo acceso a datos de ejercicios anteriores. Concretamente, en 2005 se resolvieron 85 procesos; en 2006, 109; en 2007, 75; en 2008, 96; en 2009, 112; en 2010, 127; en 2011, 102; en 2012, 80, y en 2013, 79 casos. En suma, más de 1.000 procesos, lo que supone una media de unos cien casos al año”, ha agregado Isabel Caballero.
Esta ausencia de cifras pone en evidencia la falta de cumplimiento de las recomendaciones que en su día hizo el Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en 2011 en materia de recopilación de datos y estadísticas.
Dicho Comité lamentó la escasez de datos desglosados sobre las personas con discapacidad y recordó que esa información es indispensable para comprender la situación de grupos concretos de personas con discapacidad que tengan diferentes grados de vulnerabilidad para elaborar leyes, políticas y programas adaptados a la situación de esas personas, y para evaluar la aplicación de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Reivindicaciones
Además de la necesidad de que exista mayor transparencia estadística, la vicepresidenta ejecutiva de la FCM ha exigido que se desarrollen políticas encaminadas a indemnizar a las personas con discapacidad, especialmente mujeres y niñas, que han sido esterilizadas; poner en marcha medidas para proporcionar formación sobre los derechos sexuales y reproductivos a las mujeres con discapacidad, y derogar las leyes que amparen la práctica de esterilizaciones forzadas.
Ana Peláez también ha advertido de que en muchas ocasiones se llevan a cabo las esterilizaciones porque desde el entorno sociosanitario de la mujer con discapacidad se aconseja a la familia adoptar esta medida. “En algunos casos, hay centros que piden que para acceder, la mujer o niña con discapacidad tenga que estar previamente esterilizada”, ha denunciado la también vicepresidenta del EDF.
Igualmente, ha explicado que pese a la falta de datos existentes, la experiencia de la FCM y de otras entidades refleja que las esterilizaciones se llevan a cabo principalmente en tres momentos: “En la primera menstruación de la adolescente; cuando alcanza la mayoría de edad y empieza a relacionarse con otras personas de forma más independiente, o tras el nacimiento de un primer hijo o hija”.
Ha enumerado también algunos de los artículos de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad que vulnera el Estado español con la práctica de las esterilizaciones forzosas, y tratados como el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (Convenio de Estambul). Y es que, el artículo 39 tipifica como acto delictivo las intervenciones quirúrgicas que tengan por resultado poner fin a la capacidad de una mujer de reproducirse de modo natural, sin su consentimiento previo e informado.
Suecia como ejemplo
“Esto no sólo se da en España, sino en muchos otros países que se saben desarrollados y comprometidos con los derechos humanos”, ha recalcado Ana Peláez, que ha ensalzado el ejemplo de Suecia, un Estado en el que las esterilizaciones forzadas están totalmente prohibidas y se ha indemnizado a las víctimas de esta práctica.
Por último, el acto ha incluido el testimonio de dos mujeres con discapacidad que han sido madres. Por una parte, la senadora Virginia Felipe, madre de dos hijos, y por otra, Almudena Martín, una mujer con capacidad intelectual límite.
“Quien era mi pareja, durante el embarazo, cambió de opinión, y yo decidí ser madre pese a que no tenía ni trabajo ni casa propia. Ahora, mi hijo está perfectamente. ¿Por qué perder el derecho a ser madre si una mujer desea dar vida a otro ser?”, ha reflexionado Almudena, poniendo en valor la importancia de apostar por los apoyos necesarios que permitan a una mujer con discapacidad ejercer su derecho a la maternidad en igualdad de condiciones.