La Federación Española de Párkinson, entidad miembro de COCEMFE, ha manifestado su preocupación ante la posible desaparición en España de APO-go PEN, tratamiento para personas con párkinson avanzado, tras la implantación del Real Decreto que regula el sistema de precios de referencia y agrupaciones homogéneas de medicamentos en el Sistema Nacional de Salud.
“Por el bien de las más de 500 personas con párkinson que toman esta medicación, pedimos al Ministerio y a la compañía que lleguen a un acuerdo, que no pierdan de vista, lo más importante, el bienestar del paciente. Creemos que, ante todo, hay que garantizar el mejor tratamiento posible a los pacientes”, declara María Gálvez, directora general de la Federación Española de Párkinson. Y es que según la entidad, la compañía que lo comercializa ha manifestado que el medicamento será retirado del mercado español si el real decreto se aprueba en los mismos términos en los que ha sido redactado.
El pasado 25 de abril, la Asociación Europea de Párkinson (EPDA) envió una carta a la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, para apoyar a la FEP y trasladarle su preocupación por las consecuencias que puede tener la aplicación de este RD y la desaparición de este fármaco en España.
“Este medicamento se suministra a través de inyecciones intermitentes (algo parecido a las jeringas de insulina para las personas diabéticas). Si este medicamento desapareciera, la alternativa para las personas que están tomando esta medicación sería cargar ellos mismos la cantidad necesaria con las jeringas. En periodos “off” las personas con párkinson tienen muchas dificultades para manipular este tipo de material; además, tendrían que tirar el resto de la dosis porque es inservible para otra aplicación”, explica Gálvez.
“Desde la FEP creemos que todos los pacientes tienen derecho a recibir el tratamiento más adecuado, las medidas que se pongan en marcha tienen que facilitar este acceso, a la vez que se contribuye a un modelo sostenible del SNS. Como hemos dicho en varias ocasiones, un paciente mal tratado supone a la larga un mayor gasto al Sistema Nacional de Salud porque tiene más complicaciones, más ingresos hospitalarios, caídas… por lo que creemos que todas las medidas que se tomen deben tener en cuenta siempre cómo afectarán a los pacientes a largo plazo”, concluye Gálvez.
