El Pleno de la Asamblea de Madrid ha aprobado por unanimidad una proposición no de ley, propuesta por los cuatro grupos parlamentarios a iniciativa del PP, en la se insta al Consejo de Gobierno a establecer que todas las gasolineras de la región dispongan, mientras permanezcan abiertas y en servicio, de al menos una persona responsable debidamente formada.
En el texto aprobado se expone que en el caso de las personas con discapacidad física que les impida el suministro en régimen de autoservicio, serán atendidas por una persona responsable de las instalaciones.
Esta iniciativa persigue modificar la Ley 11/2013, de julio, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo, que liberalizó la instalación de estaciones de servicio de carburantes en polígonos industriales y otras zonas y establecimientos, y estableció además la posibilidad de que éstas funcionasen por procedimientos automáticos.
Esta medida fue respondida en su día por sindicatos, empresarios, asociaciones de consumidores y personas con discapacidad, al considerar, entre otras cosas, que no se garantizaba la seguridad de la instalación ni la cobertura de siniestros, más aun teniendo en cuenta que la mayor parte de estas instalaciones están en zonas urbanas.
Asimismo, criticaban que los consumidores no podían reclamar ‘in situ’ ni solicitar ayuda por cualquier problema en el repostaje o en el cobro, y por último, la generalización de este tipo de gasolineras supondría prescindir de empleados en este sector.