La Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid, (FAMMA-COCEMFE Madrid) denuncia el tratamiento que la Comunidad de Madrid está dando a los niños y niñas con discapacidad, por no reforzar los centros educativos con el personal necesario y carecer de una alternativa no presencial viable para quienes tienen una salud más vulnerable al coronavirus.
La Federación considera responsable a la Consejería de Educación y Juventud por “la dejación de sus funciones”, que, a su juicio, puede estar propiciando “un retroceso de la integración de los niños y niñas con necesidades educativas específicas y su inclusión en el sistema educativo, que tantos años ha costado conseguir”.
En este sentido, FAMMA reclama opciones formativas y asistenciales domiciliarias, con el apoyo técnico y humano necesario, para las familias que decidan no llevar a las niñas y niños con discapacidad al colegio, porque su salud así lo aconseje, en base a los altos riesgos para su vida, que conllevaría contraer la COVID-19 durante su escolarización.
“Se está instando desde la administración regional a que el alumnado con necesidades educativas específicas, con patologías de riesgo, acudan o no al centro de estudios, según los criterios parentales, sin ningún tipo de alternativa para poder continuar con su formación en sus domicilios”, afirma el presidente de FAMMA-COCEMFE Madrid, Javier Font, quien detalla que “tenemos una usuaria cuyos padres han decidido no escolarizarla porque el transporte escolar no se responsabiliza en caso de contagio de la COVID-19”.
La Federación manifiesta que los hechos retratan el escaso compromiso de la Comunidad de Madrid con el alumnado con discapacidad, ya que el pasado lunes, 7 de septiembre, solamente se hizo un llamamiento de contratación de 74 profesionales de refuerzo de la atención a la diversidad, entre los 4.082 profesionales que la Comunidad de Madrid llamó para incorporar de refuerzo, con el objeto de abordar la vuelta a las aulas con menos alumnos por clase y con 2.500 profesores/as de baja por COVID-19. En el llamamiento ordinario del 9 de septiembre, se incluyó otra partida de refuerzo de 44 trabajadores/as para atención a la diversidad, que FAMMA señala que “a todas luces parece insuficiente”.
Por ello, la Federación reclama un protocolo específico para que los niños con discapacidad no pierdan las clases, y sus familias el trabajo en caso de confinamiento, ya sea temporal por brotes, o permanente por motivos de salud. Para evitar esta situación, sería necesario contar con una estrategia de formación por Internet para estos casos, actualmente, inexistente.
“Como sociedad no nos podemos permitir que en un segundo brote se vuelva a expulsar del sistema educativo a los alumnos y las alumnas con necesidades educativas específicas, por la falta de previsión para contar con los medios humanos y tecnológicos necesarios”, concluye Font, que añade que “los niños y las niñas merecen una escuela no improvisada, normalizada, integradora y con todas las medias de seguridad”.
