El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) constata falta de voluntad política en los poderes públicos españoles para asumir con intensidad y celeridad los mandatos de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, firmada y ratificada por España.
Así se ha evidenciado en la séptima reunión del Comité de Apoyo del CERMI para el seguimiento de la Convención en España, en la que se han evaluado los avances y aquellas cuestiones que todavía quedan pendientes para el adecuado cumplimiento de la Convención por parte de nuestro país.
El Comité de Apoyo, formado por instancias independientes de todos los sectores sociales con interés en los derechos humanos, ha analizado las implicaciones de algunos de los procesos legislativos en curso respecto de su impacto sobre los derechos fundamentales de las personas con discapacidad.
En este sentido, la Delegada de Derechos Humanos del CERMI, Ana Sastre, se ha referido al proyecto de reforma del Código Penal, “que podría llegar a vulnerar gravemente los derechos y principios recogidos en la Convención si se aprobara sin modificar algunos de sus preceptos”.
Otras de las cuestiones evaluadas ha sido la reciente aprobación de la Observación General sobre el artículo doce del Tratado internacional que afectaría directamente al sistema de incapacitaciones judiciales vigente en España. En este sentido el Comité de expertos de Naciones Unidas ha dejado claro que la limitación de derechos por razón de discapacidad, aun cuando exista una “presunción” de falta de capacidad mental para la toma de decisiones, es incompatible con el tratado internacional.
El Estado deberá garantizar el apoyo para el ejercicio del derecho y no la sustitución ni la negación del mismo. Expresamente se hace referencia a la incompatibilidad con la Convención de la limitación del derecho de voto, de la esterilización no consentida y de los tratamientos involuntarios. En el ámbito de participación en los asuntos públicos y concretamente en el de la administración de justicia, los expertos de Naciones Unidas rechazan la obstaculización en el acceso a las profesiones de juez, o a la participación en un jurado popular por razón de discapacidad.
Este Comité apoya y asesora al CERMI en el cumplimiento de las competencias que asume como uno de los organismos independientes del marco para la promoción y seguimiento de la aplicación de la Convención en España.