La Federación Almeriense de Asociaciones de Personas con Discapacidad (FAAM), entidad miembro de COCEMFE, alerta de que la Junta le adeuda desde hace más de un año y medio 2.885.657,86 euros. Una cantidad que asfixia a la organización, que advierte de la falta de liquidez para adelantar más dinero. Una deuda por la que miles de personas con discapacidad podrían perder su trabajo.
Según explica la entidad, desde hace un año y medio se encuentran paralizados los incentivos al mantenimiento de cerca de 950 puestos de trabajo, por lo que advierte de la urgencia de desbloquear la orden que paraliza las líneas de ayudas para el sector que desde febrero de 2014 están bloqueadas.
En la actualidad en Almería hay 947 trabajadores que prestan servicios en 38 centros de trabajo, pertenecientes a cinco centros especiales de empleo, que dan servicio a 215 clientes y atienden a 1969 usuarios directos, principalmente en atención a la dependencia. Una actividad en la que por cada 100 euros invertidos por la administración vía subvenciones y ayudas en el caso concreto de Almería, se consiguen retornar a la sociedad 253,25 euros.
Sin embargo, “el presente se plantea muy incierto si el nuevo gobierno de la Junta de Andalucía no adquiere el compromiso de pago de la deuda pendiente con inmediatez para evitar que continúe peligrando la estabilidad de muchas familias en la provincia. Una situación que aunque ya se ha planteado en numerosas ocasiones a los responsables de la administración autonómica continúa estando en el aire, pese a la asfixia económica que esto supone a los centros especiales de empleo, que no disponen de liquidez, para poder pagar el trabajo de cerca de mil personas con discapacidad en Almería, una situación que supone un retroceso de todos los derechos conseguidos desde los años 80”, afirman desde FAAM.
Tal es así que el presidente de FAAM Almería, Valentín Sola pide que se “consolide” un sistema de pagos con todas las consejerías con incidencia en el sector e insiste en la urgencia de aprobar cuanto antes todas las normativas y planes de actuación pendientes en materia de política social que han quedado aparcados. Una complicada situación que, aunque se da en otras comunidades, se agrava en Andalucía abocando al sector a la desaparición.