Empleados públicos con discapacidad han solicitado este martes que se incremente la formación, así como los apoyos y medidas, no solo en el acceso a la función pública sino también para garantizar el desarrollo de su carrera profesional sin la existencia de ningún tipo de barreras.
Así lo han señalado durante la inauguración de la jornada “Empleados públicos con discapacidad: apoyos para una inclusión efectiva”, organizada por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F).
Durante la mesa redonda “La visión de los empleados públicos con discapacidad”, la directora de la Oficina de Atención a la Discapacidad, María Luisa Peña, ha relatado su acceso y trayectoria en la Administración Pública y ha destacado como ámbitos de mejora, la formación para empleados públicos con discapacidad, especialmente en materias como el inglés; la ausencia de adaptaciones en los puestos de trabajo; la necesidad de presencia de empleados públicos con discapacidad en los tribunales examinadores; la imposibilidad de acogerse a la jubilación anticipada; o las dificultades en el acceso a puestos de libre designación.
Asimismo, el secretario general del IMSERSO, Francisco Alfonso Ferrándiz, ha contado también su experiencia como empleado público con discapacidad sensorial y ha asegurado que en el ámbito de la selección los avances cuantitativos son “evidentes”, aunque a nivel comparado con otros países como Reino Unido “tenemos mucho margen de mejora”.
La mayor dificultad, en su opinión, está en el acceso de las personas con discapacidad a los grupos superiores “por la tensión entre el tipo de prueba y la forma de acreditar los conocimientos” y ha lamentado que “a los tribunales de selección se les obligue a entrar en campos en los que no están formados”.
Inma Mazón, empleada pública de la Escuela Oficial de Idiomas de Madrid ha explicado que el pasado año 2013 la Consejería de Educación suprimió la ayuda que recibía mediante un profesor de apoyo que se encargaba de lo que ella no puede hacer, como firmar actas o corregir redacciones.
La Administración, según ha señalado, le propuso que fuera ella misma quien pagase un profesor de apoyo, que se cambiara de puesto a otro en el que no necesitase ayuda, o una posible jubilación. “Esta es la realidad de los empleados públicos con discapacidad: no hay voluntad, ni integración ni adaptación”, ha puntualizado.
Mazón ha denunciado también que desde 2004 “a personas con carrera universitaria y título del Certificado de Aptitud Pedagógica (CAP) se les pida un certificado de compatibilidad de su discapacidad con las tareas a desarrollar en el puesto de trabajo” y “no se cumpla la preferencia de destino de la persona con discapacidad”.
Por su parte, la doctora en Medicina, Carmen Sánchez se ha referido al déficit de formación para las personas con discapacidad en el ámbito público, o las barreras físicas y sensoriales en el acceso al puesto de trabajo y en el mismo entorno laboral.
Desempeño profesional
Óscar Moral, asesor jurídico del CERMI, ha realizado un análisis de las denuncias de empleados públicos con discapacidad llegadas al CERMI y ha señalado que es necesario incidir en aspectos como el alejamiento de los centros base del nuevo paradigma de la discapacidad.
También ha señalado que las quejas no son solo relativas al acceso al empleo público, sino que al CERMI llegan muchas cuestiones relativas al desempeño profesional en el marco de la carrera profesional de las personas con discapacidad una vez dentro de la Administración.
Para Enrique Silvestre, gerente del INAP, quien se ha referido a la “Gestión de apoyos y ajustes razonables para empleados públicos con discapacidad”, el sistema actual excluye a las personas con discapacidad, no es igualitario en términos económicos ni inclusivo en términos sociales”.
Entre otros déficits, ha señalado la ausencia de información a las personas con discapacidad, el hecho de que las personas con discapacidad intelectual tengan que realizar las mismas pruebas que el resto, o que España sea el único país de las Unión Europea con un sistema de selección a la función pública basado en el conocimiento.
La posición singular de los militares y guardias civiles con discapacidad también se ha abordado durante la jornada. En esta línea, Andrés Medina, presidente de la Asociación de Militares y Guardias Civiles con Discapacidad (ACIME) ha subrayado la necesidad de que el Ministerio de Defensa “comience a implementar en sus normas las leyes relativas a la discapacidad”, la unificación de criterios en el ámbito de la discapacidad militar y la elaboración de estadísticas en este ámbito.
Asimismo, la especificidad en el acceso y la permanencia de personas con discapacidad intelectual al empleo público también ha tenido cabida en esta jornada de la mano de Silvia Muñoz, responsable del Programa de Empleo Público de FEAPS, quien ha subrayado que este colectivo “tiene muchos problemas a la hora de realizar su trabajo una vez que accede al puesto” y ha apostado por implementar recursos como la figura del preparador laboral para mejorar la adaptación al puesto de trabajo.
Durante la clausura, la directora Ejecutiva del CERMI, Pilar Villarino, ha puesto en valor la colaboración entre la Administración y el movimiento asociativo de la discapacidad en este ámbito, algo que, ha dicho, “está dando sus frutos”.
Finalmente, Carmen Sánchez, directora general de la Función Pública, ha apostado por “seguir evaluando y denunciando el no cumplimiento de las normativas relativas al empleo público en el ámbito de la discapacidad”, en aspectos como la preferencia de destino, el acceso a la función pública, la accesibilidad al entorno laboral, o la reducción de la edad de jubilación para el colectivo. “La inclusión supone un enriquecimiento cultural y social, hay que luchar contra la desigualdad y no contra la diversidad”, ha dicho.
