El Pleno del Senado ha dado luz verde ayer, 12 de diciembre, al dictamen de la Comisión de Justicia que aprobó que las estadísticas judiciales sobre víctimas de violencia de género incluyan la variable de discapacidad, tanto en las mujeres como en menores de edad que han sido objeto de este tipo de violencia.
El dictamen de la ponencia de la Cámara Alta fue aprobado por unanimidad el pasado 4 de diciembre en la Comisión de Justicia, en la que se negoció el texto para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial en aplicación del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género, que se está tramitando en estos momentos en el Senado.
El Senado ha revisado el texto que le remitió el Congreso y, tras su debate y aprobación en Pleno, volverá a la Cámara Baja para su ratificación.
De esta manera, el Senado ha aprobado que se incorpore el indicador de discapacidad en estadísticas de víctimas violencia de género y que se garantice la accesibilidad de todas las dependencias judiciales con el fin de que sean “comprensibles, utilizables y practicables por todas las mujeres sin excepción”.
Este anuncio va en la línea defendida por la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) y la Confederación Estatal de Mujeres con Discapacidad (CEMUDIS). Ambas entidades habían reivindicado la incorporación del indicador de la discapacidad en todas las estadísticas de violencia contra las mujeres, tanto mayores como menores de edad, de cualquier ámbito territorial, así como un sistema judicial accesible, tanto en los recursos de protección de las víctimas como para la presentación de denuncias.
Hasta el momento no existen datos reales del número de mujeres con discapacidad que están siendo asesinadas, cuántas son víctimas de violencia o cuántas adquieren discapacidad fruto de las agresiones, y muchos de los recursos que hay a disposición de las mujeres víctimas de violencia machista no están preparados para atender a las mujeres con discapacidad.
COCEMFE espera que la propuesta sea finalmente aprobada en el Congreso de los Diputados y que junto al Ejecutivo den respuesta a todas las propuestas del movimiento asociativo de las mujeres con discapacidad planteadas el pasado 25 de noviembre, con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.
