El presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Luís Cayo Pérez Bueno, compareció ayer en la Comisión de Políticas Integrales de la Discapacidad del Congreso de los Diputados, a petición del Grupo Socialista, para presentar a la Cámara el informe “100 denuncias 100”, un documento elaborado por el CERMI que recoge un centenar de casos reales de toda España sobre vulneración de derechos de las personas con discapacidad por ausencia de accesibilidad universal.
Pérez Bueno comenzó su intervención asegurando que “sin condiciones de accesibilidad, los derechos fundamentales quedan para las personas con discapacidad como declarativos y nominales” e insistió en que “la ausencia de accesibilidad es una auténtica vulneración de derechos y un acto sancionable por ley”.
Aunque reconoció que en los últimos años se han producido avances en materia de conciencia social en materia de accesibilidad, “se trata de una cuestión pendiente y no resuelta, que provoca la exclusión de las personas con discapacidad”. “Se necesitan estrategias públicas para avanzar en entornos inclusivos”, aseguró.
Asimismo, el presidente del CERMI explicó que el informe de 400 páginas se ha elaborado mediante el envío de 4.000 cuestionarios, que llevaron a una recepción de más de 400 denuncias, entre las que se escogieron un total de 100 casos significativos que comprometen derechos fundamentales y libertades públicas de las personas con discapacidad. Así, aseguró que 38 de estas denuncias son de ámbito estatal y 62 se han producido en territorios autonómicos y se extienden a todos los productos, servicios, o procedimientos y afectan a todas las discapacidades.
Pérez Bueno insistió además en que el informe plantea para cada denuncia una solución “factible”, que “se puede llevar a la práctica con voluntad política y con presupuesto”, aunque éste, dijo, “no es un factor esencial”.
El presidente del CERMI animó a los parlamentarios a “ver la accesibilidad no solo como una fuente de imposiciones sino como un sector económico emergente que genera bienestar pero también actividad económica”.
Además, se refirió al recorrido institucional de este informe, concebido como una “denuncia global para la toma de conciencia” y aseguró que el texto se ha enviado a la Comisión de Peticiones del Congreso, a la Defensora del Pueblo, quien ha confirmado la admisión de 97 de las 100 quejas abriendo expediente individual para cada una de ellas, al Consejo Nacional de la Discapacidad, a los defensores autonómicos y a la Fiscalía General del Estado “por si algún caso pudiera tener dimensión penal”.
También señaló algunas de las propuestas del CERMI en materia de accesibilidad, como la reforma de la ley de propiedad horizontal, que ha calificado de ”inaplazable”. En este sentido, ha ofrecido datos derivados del ‘Observatorio de la Accesibilidad Universal en la Vivienda en España 2013’, elaborado por Fundación ONCE, como que el 75% de los edificios destinados a vivienda en España no son accesibles.
Además, hreclamó la aprobación de un reglamento de condiciones básicas de accesibilidad a bienes y servicios a disposición del público y el cumplimiento de las normas existentes. En este último punto, ha recordado que la legislación actual obliga a que en 2017 todos los entonos sean accesibles por mandato de la LIONDAU de 2003.
Durante la comparecencia, la diputada del Grupo Socialista, Gracia Fernández Moya aseguró que este informe es “una gran herramienta para poder avanzar”, que “recoge propuestas que deben transformarse en iniciativas que se puedan discutir en la Cámara”. En su opinión, “es necesaria no sólo la elaboración de legislaciones vigorosas sino que se cumplan las leyes en vigor”.
Por parte de Izquierda Plural, Caridad García destacó que “queda mucho por hacer” y animó a todos los grupos parlamentarios “a reflexionar para que se acelere la accesibilidad a todos los ciudadanos con discapacidad”. En su opinión, “avanzar en conciencia es muy importante pero no vale con eso, sino que hay que facilitar los recursos necesarios”.
Finalmente, Francisco Vañó, del Grupo Popular explico que desde 1982 “se han elaborado 9 leyes muy importantes con la vocación de solucionar los problemas de la discapacidad”, lo que supone una “evolución muy importante” aunque, ha puntualizado, “queda mucho por hacer para conseguir la igualdad de derechos”. Vañó ha señalado que “tener mucha legislación no resuelve los problemas del todo” y ha subrayado la importancia de la concienciación social de la ciudadanía.