El Parlamento de Navarra constituyó ayer su comisión especial de Políticas Integrales de la Discapacidad, dando cuerpo así a una demanda que el Comité de Representantes de Personas con Discapacidad de Navarra (CORMIN) ha venido planteando a todos los grupos políticos de la Cámara desde el inicio de esta legislatura.
Con la constitución de esta comisión especial, el Parlamento de Navarra se suma a las cámaras que ya están trabajando la transversalidad de la discapacidad de manera previa a la elaboración normativa que afecta al sector. Además de en el Congreso de los Diputados, estas comisiones ya están conformadas en las comunidades autónomas de Castilla-La Mancha, Madrid, Galicia, Región de Murcia, Cantabria y Canarias.
Previo a la constitución de la comisión y a la elección de la parlamentaria del PPN Amaya Zarranz como presidenta de la misma, el presidente del CORMIN, Javier Miranda, ha agradecido a todos los grupos su implicación a la hora de dar este “importante paso”. Ha explicado asimismo que, hasta ahora, la acción de los diferentes poderes del Estado en materia de discapacidad se ha concentrado exclusivamente en las áreas de servicios sociales, lo que ha provocado “obstáculos de concepto y falta de concreción práctica a la hora impulsar políticas reales de inclusión de las personas con discapacidad”.
Para Miranda, “la discapacidad compete transversalmente a toda acción política, independientemente de las áreas concretas de aplicación”. Es por ello por lo que, a su juicio, “toda iniciativa legislativa, bien sea sobre empleo, educación, accesibilidad, cultura, ocio y tiempo libre, servicios sociales, sociedad de la información y nuevas tecnologías o cualquier otra materia, debe contemplar necesariamente su impacto en discapacidad”.
El presidente del CORMIN ha informado también a los miembros de la comisión sobre la ILP que el CERMI realizará en todo el ámbito estatal para impulsar la modificación de la Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, en materia de participación en el coste de las prestaciones y servicios.
Miranda ha concluido planteando a los miembros de la comisión dos retos, uno a corto plazo y otro a largo. El primero, “aprovechar al máximo el mes y medio de legislatura que resta convocando al CORMIN para comparecer y repasar las cuestiones pendientes que afectan al sector, así como emprender la adaptación de la normativa foral a la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad”. Y en segundo lugar les ha emplazado a mantener la comisión, con carácter permanente, a lo largo de las próximas legislaturas.
