El secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Juan Manuel Moreno, ha afirmado este miércoles en el Congreso que el número de contratos firmados por personas con discapacidad aumentó un 12,9 por ciento de enero a noviembre de este año, hasta alcanzar la cifra de 64.132.
Moreno, que ha comparecido ante la Comisión para las Políticas Integrales de Discapacidad a petición del Grupo Socialista, el Grupo Popular y la Izquierda Plural, ha atribuido estas cifras al mantenimiento de las bonificaciones para las contrataciones a personas con discapacidad y a un mayor esfuerzo en su acceso al empleo público.
Según ha dicho, “ambas medidas han supuesto un gran avance teniendo en cuenta el contexto de restricciones presupuestarias y de consolidación fiscal concurrente”, un “esfuerzo” de las administraciones que, en su opinión, “hay que valorar”.
Mientras aumentaban las contrataciones en el Régimen General, crecía asimismo el indicador de autoempleo, con 15.791 personas con discapacidad inscritas hasta el 30 de junio en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, un 9,2 por ciento más que en el mismo periodo del año pasado.
El secretario de Estado ha puesto en valor algunas de las medidas impulsadas desde el Ejecutivo que habrían tenido repercusión en estas cifras, como la aprobación en marzo del Convenio Especial de la Seguridad Social para personas con discapacidad y dificultades de inserción socio-laboral, que, conforme ha asegurado, “beneficiará a 34.000 personas durante las próximas fechas”.
Asimismo, ha destacado la reserva de plazas en al menos un 7 por ciento del total de las convocadas en pruebas de acceso como el MIR de los médicos para personas con discapacidad y la ampliación a 35 años de la edad límite para acceder a programas públicos de juventud en estos casos, ejemplos a su juicio de “acción positiva” en favor del colectivo.
“Es en el empleo donde tenemos que centrar nuestros esfuerzos. Creo que en alguna de las reformas que se han hecho se ha conseguido de manera moderada, que no vayamos en mala dirección a pesar de estar en un contexto de grave crisis social y económica (*) Es verdad que necesitamos más perspectiva, pero los datos nos hacen ver que vamos por el camino”, ha señalado.
Otro de los asuntos abordados durante su comparecencia, en la que ha dado cuenta de la nueva Ley General de Discapacidad, que refunde la legislación hasta ahora vigente y fue, en consecuencia, aprobada por Real Decreto, según Moreno, para “adaptarse en plazo y contenido” al mandato parlamentario que obligaba a reunir, en línea con la Convención de la ONU sobre personas con discapacidad, toda la normativa.
Además, se ha referido al impacto de la violencia de género en la discapacidad, para recordar que esta variable ha sido incorporada como criterio estadístico por la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género después de constatar que cinco de las 52 mujeres asesinadas en España el año pasado tenían reconocido algún tipo de discapacidad. “Es algo que nos preocupa mucho”; ha sentenciado.
Las voces de la oposición
Para la portavoz del Grupo Socialista, Laura Seara, en el Gobierno no hay voluntad política en favor de personas con discapacidad, pues ha provocado que “por primera vez en la historia” las organizaciones que representan al colectivo se hayan manifestado en las calles. Además, ha señalado que la Ley General de Discapacidad lejos de ser “la gran ley que dijeron que iba a ser”, se ha quedado en una refundición normativa. “Detrás de aquellas manifestaciones sólo había incorrecciones y mentiras”, ha añadido.
Esta refundición ha suscitado comentarios de otros portavoces parlamentarios, como el de CiU, Carles Campuzano; para quien se ha privado al parlamento de hablar sobre personas con discapacidad al optar por aglutinar la normativa vigente en lugar de elaborar un nuevo proyecto de ley, como la cuestión “merecía”.
Para la Izquierda Plural, se ha “perdido la oportunidad” de hacer una ley para “avanzar y mejorar en los derechos de las personas con discapacidad”, conforme ha dicho su portavoz, Ascensión de las Heras.
Desde el PNV, Emilio Olabarría ha cuestionado que fuese necesario hacerlo, dado que se trata de una medida legislativa “extraordinaria” pero sólo tiene afección sobre tres leyes. “¿Por qué no se ha hecho un proyecto de ley como Dios manda?”, ha planteado.