El director general del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), Luis Alberto Barriga, anunció este martes que el nuevo baremo de valoración de la discapacidad verá por fin la luz el próximo año, y que podría aprobarse de forma definitiva el primer trimestre de 2022. Barriga realizó este anuncio durante el encuentro ‘Baremo de Discapacidad: la puerta de acceso a los derechos’ organizado por la Confederación de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) y la agencia de noticias Servimedia, y que contó con la asistencia de más de 300 personas.
Este diálogo contó con la participaron de Anxo Queiruga, presidente de COCEMFE; Miguel Ángel Ramiro, profesor de Filosofía del Derecho de la Universidad de Alcalá; Javier Zugasti, director del Centro de Valoración de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas; Sonsoles Sueiro, madre de una niña con discapacidad y socia de la Liga Reumatolóxica Galega; y Luis Vañó Gisbert, presidente de Cermi Comunidad Valenciana y de la Asociación de Hemofilia de esta comunidad.
En su intervención, el presidente de COCEMFE, Anxo Queiruga, destacó “la gran incidencia” de este baremo en la vida de una persona. “Sirve para determinar el grado de discapacidad de alguien, es decir, mide las dificultades que tiene una persona con una determinada situación para desenvolverse en la sociedad en igualdad de condiciones y permite la entrada al sistema de derechos establecidos en España a las personas con discapacidad”.
De ahí la importancia de la valoración, prosiguió, ya que “permite el acceso a toda una serie de derechos y a ayudas para compensar esas desigualdades y el sobrecoste que supone para las personas el tener una discapacidad”. Entre otras, existen ayudas al transporte y para la adaptación de viviendas, plazas reservadas en el empleo público y la posibilidad de adaptaciones curriculares en la educación reglada.
Sin embargo, hay muchas situaciones de enfermedades discapacitantes que “quedan fuera del radar”, tales como las enfermedades degenerativas y las relacionadas con discapacidades orgánicas. “Por ello llevamos años pidiendo su actualización”, indicó Queiruga.
Según avanzó Luis Alberto Barriga, la intención del Ministerio de Derechos Sociales es presentar las conclusiones de todos los documentos técnicos a las comunidades autónomas como tarde en agosto, para que en la Conferencia Sectorial se apruebe un proyecto de real decreto que pueda estar listo en “un plazo de seis u ocho meses máximo”.
De este modo, el nuevo baremo, que “acumula un retraso de casi 20 años”, vería por fin la luz el primer trimestre de 2022. A su juicio, ya “existe un gran consenso entre las comunidades autónomas en” cuanto a la calidad técnica y al contenido del trabajo realizado. Destacó además “la participación de las asociaciones de la discapacidad” en la elaboración de la nueva herramienta, cuya aplicación informática empezó a probarse como proyecto piloto a finales de 2019, prueba que se interrumpió a causa de la pandemia.
Sin embargo, “retomamos los trabajos y ya hemos concluido esta valoración, apuntó, “con gran éxito a decir de todos los técnicos”. “De media, la valoración solo tarda cinco minutos más, y eso que el personal aún no está entrenado”, aseveró Barriga.
La buena noticia es que el nuevo baremo se adapta a la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las Personas con Discapacidad y supone “un avance definitivo respecto al actual, que data de 1999”.
Así lo apuntó Javier Zugasti, para quien la principal diferencia de esta nueva herramienta respecto al baremo que hoy en día está vigente es su enfoque. Adujo que el antiguo mantiene una perspectiva médica donde “solo se tienen en cuenta las deficiencias de la persona”, mientras que el nuevo “parte de un enfoque psicobiosocial, en línea con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud”.
En concreto, el nuevo modelo “se basa en las interacciones sociales de la persona” y contiene tres baremos dentro de sí. El primero se ocupa de las deficiencias en el sentido médico tradicional; el segundo atiende a sus limitaciones en la actividad diaria, y el tercero considera sus barreras a la participación social.
La principal novedad es que, en este último punto, “los técnicos no deben limitarse a la recogida de información objetiva (situación de desempleo, facilidad para acceder a la información, estado familiar…), sino que “habrán de evaluar los problemas reales que una persona encuentra de cara a su integración en la vida social”, indicó Zugasti.
Finalmente, el baremo contiene una serie de anexos donde se especifica que será necesario su “renovación y actualización periódicas para recoger de forma adecuada los avances científicos y las nuevas patologías que puedan aparecer”.
En este sentido, Anxo Queiruga mostró su satisfacción por la posibilidad de actualización continua del nuevo modelo: “Es un documento vivo, no está escrito en piedra, y supondrá un gran avance”, subrayó. A su juicio, “se ha realizado un trabajo muy importante”, que sin duda permitirá que “muchas discapacidades dejen de ser invisibles como sucede hasta ahora”.
Por su parte, Miguel Ángel Ramiro explicó cómo la falta de reconocimiento legal en igualdad de derechos afecta al desarrollo de la persona destacando que “no debemos olvidar que existen una serie de condicionantes sociales de la discapacidad”.
Ramiro también insistió en la importancia de la protección y garantía de los derechos, asegurando que “muchas veces la cuestión no es tener acceso a determinadas prestaciones, sino el acceso a elementos de derecho antidiscriminatorio” y criticó la existencia de un trato diferencial en los distintos territorios afirmando que “la falta de cierta sensibilidad o de una determinada política al final repercute en la garantía de los derechos”.
De igual modo, defendió la igualdad y no discriminación, y que se tenga en cuenta a aquellas personas dentro de este grupo social donde se producen más discriminaciones, como es el caso de las mujeres con discapacidad y ha reivindicó una “una mayor agilidad en la adecuación de las normas”.
“La demora para conseguir el certificado de discapacidad es un retraso que implica no tener acceso a beneficios concretos”, ha criticado Luis Vañó, señalando la existencia de un “retraso generalizado en la declaración de grado de la discapacidad”, los cuales, a raíz de la suspensión de la actividad administrativa durante el primer Estado de alarma, “han aumentado mucho más el tiempo” y han provocado unos tiempos de espera “muy desiguales” en las diferentes comunidades autónomas.
Sonsoles Sueiro ha explicado que el proceso para la solicitud de discapacidad de su hija comenzó cuando tenía 14 años y lo consiguió cuando estaba a unos meses de tener 18 años. Una de las dificultades para la valoración de menores la ha explicado Sueiro: “los niños que tienen enfermedades que cursan con discapacidad habitualmente no se sienten niños enfermos, no lo ven como un inconveniente y eso les ayuda a integrarse, pero cuando les preguntas siempre te van a decir que están bien”. En este sentido, ha destacado que “como por los equipos de valoración pasan niños con muchas patologías, quien mejor está en posición de conocer la enfermedad, de saber cómo incide en cada niño particular, es el médico que le viene tratando”.
