La ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Carmen Montón, ha asegurado que la actitud del Gobierno para hacer frente a los delitos de odio hacia las personas con discapacidad “va a ser proactiva” y se traducirá en “una política que tiene que ser dialogada y transversal”.
La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) considera que es innegable el avance a nivel legislativo para la prevención de este tipo de delitos, pero “los datos demuestran que hay que adoptar nuevas medidas y mejorar la asistencia a las víctimas”, afirma Anxo Queiruga, presidente de la entidad.
Asimismo, Queiruga explica que “hay que establecer canales de comunicación para que las personas tengan claro por un lado en qué consiste un delito de odio, más allá de una agresión física, así como dónde pueden acudir, o qué tienen que hacer en caso de haber sido víctimas y garantizar que esos recursos y canales sean accesibles”.
Carmen Montón se expresó así ayer en la sesión de control al Gobierno celebrada en el Pleno de la Cámara Alta, cuando la senadora del Grupo Parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea Virginia Felipe le preguntó sobre las medidas que piensa llevar a cabo el Ejecutivo contra estos delitos de odio, los cuales, aumentaron un 15,9% en 2016, según detalla el ‘Informe Anual 2017’ del Defensor del Pueblo.
En este sentido, Montón destacó la importancia de mantener un “dialogo con los diferentes agentes”, para así “concienciar” y “poner en marcha diferentes acciones”.
Concretamente, señaló que estas acciones estarán orientadas, entre otros aspectos, al sistema educativo, a los medios de comunicación y a programas de formación y sensibilización para que “tengan en cuenta a las personas con discapacidad y sus derechos”, de acuerdo con lo que promueve la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
“Es necesario buscar medidas que hablen de una respuesta preventiva, de sensibilización y de aplicación efectiva de las leyes”, explicó Montón, que reconoció que en este aspecto todavía queda “mucho margen de mejora”.
Por último, hizo hincapié en que el compromiso del Gobierno es “avanzar en un modelo de convivencia que logre eliminar todas las barreras que dificultan a las personas con discapacidad ejercer sus derechos en igualdad de condiciones”.
