El secretario de Estado de Justicia, Jesús Manuel Dolz, ha anunciado que el Gobierno pondrá en marcha “de inmediato” la Fiscalía de Sala Especializada en Personas con Discapacidad, “en cuanto se aprueben los Presupuestos Generales del Estado (PGE)”.
Lo dijo durante la clausura de la Asamblea de Representantes del CERMI Estatal, celebrada ayer en el Centro Deportivo y Cultural de la ONCE en Madrid, y durante la cual, se han abordado las principales cuestiones de la agenda política de las personas con discapacidad y sus familias.
La Asamblea también contó con la participación de la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Carmen Montón, acompañada de la secretaria de Estado de Servicios Sociales, María Pilar Díaz, así como del presidente del CERMI, Luis Cayo Pérez Bueno, y el vicepresidente del CERMI y presidente de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE), Anxo Queiruga.
En este sentido, Dolz comentó que los Presupuestos del ejecutivo anterior “ya preveían la creación” de este Fiscalía, por lo que “procederemos de forma inmediata”. Asimismo, detalló que este órgano se dedicará de forma prioritaria a la coordinación de los fiscales en todos aquellos asuntos judiciales que tengan que ver con los derechos de las personas con discapacidad.
Aunque el Gobierno debe autorizar su creación, dependerá de la Fiscalía General del Estado, y buscará “procurar más recursos para que la igualdad de este grupo social sea un hecho y no un mero derecho”, indicó el secretario de Estado sobre este organismo.
Por otro lado, Dolz se ha mostrado partidario de reformar la Constitución para eliminar el concepto de “disminuidos” como forma de hacer referencia a las personas con discapacidad, aunque ha advertido de las “dificultades” existentes para reformar la Carta Magna, “por lo que no puedo prometer que esta modificación se haga efectiva en la presente legislatura, aunque sí está en nuestro horizonte”.
Finalmente, Pérez Bueno lamentó que España siga sin cumplir la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad en ámbitos como la supresión de la capacidad jurídica y reclamó que se eliminen las barreras existentes en los tribunales, “no solo físicas, sino cognitivas o sensoriales”, para garantizar la igualdad a la hora de acceder a la justicia.
