La ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, María Luisa Carcedo, ha anunciado que ya se ha iniciado el proceso dialogado con otras fuerzas políticas para eliminar los copagos farmacéuticos comenzando por las personas más vulnerables.
Esta medida ha sido apoyada y solicitada por el Defensor del Pueblo para ampliar la protección a estos grupos sociales, teniendo en cuenta que el Barómetro Sanitario que el Ministerio realiza en colaboración con el CIS reflejó en 2017 que, en los últimos 12 meses, y por razones económicas “unos 2,1 millones de pacientes en nuestro país no habían podido garantizar su derecho a la salud por el copago establecido en 2012”.
El presidente de COCEMFE, Anxo Queiruga, celebra que el Gobierno avance en este sentido de eliminar los copagos sociosanitarios, puesto que “dificultan la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad física y orgánica”. “Copagar por servicios que nos son imprescindibles por nuestra situación personal, podríamos decir que es un delito en un Estado de Derecho”, añadió.
Por otro lado, Carcedo destacó que “la garantía del derecho a la promoción de la autonomía personal y la atención a las personas en situación de dependencia es una prioridad absoluta para el Gobierno de España” y en este sentido trasladó que el número de personas beneficiarias ha rebasado por primera vez el millón (1.209.000 personas).
COCEMFE hace hincapié en la importancia de que se desarrolle de manera plena la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, promoviendo la prevención y la asistencia personal, ya que se trata de “un aspecto prioritario para nuestro grupo social”.
Por último, la ministra solicitó el respaldo en la aprobación de los presupuestos de 2019 para proceder a la recuperación de las cotizaciones sociales de los cuidadores familiares de personas en situación de dependencia, “que en su mayoría son mujeres”.
