El Defensor del Pueblo ha iniciado una actuación para evaluar los planes que desarrollan los ayuntamientos en España para mejorar la accesibilidad de sus municipios a las personas con discapacidad.
La oficina que dirige Soledad Becerril estudiará este aspecto en tres ciudades de más de 100.000 habitantes (Bilbao, Tarragona y Coruña), tres de entre 10.000 y 100.000 (Soria, Tudela y Ciudad Real) y tres de menos de 10.000 (Daroca, Alburquerque y Toro).
El 4 de diciembre de 2017 es la fecha límite que marca la ley para que los espacios públicos urbanizados y las edificaciones existentes sean accesibles.
Por este motivo, el Defensor ha preguntado a los consistorios seleccionados si cuentan con planes municipales de accesibilidad para eliminar barreras arquitectónicas en vías públicas, parques y jardines municipales, según informa la entidad en un comunicado.
Además, el Defensor ha solicitado información sobre los canales que tienen disponibles estos gobiernos municipales para que los ciudadanos les hagan llegar sus reclamaciones sobre barreras arquitectónicas y los procedimientos con los que cuentan para resolver las mismas.
El Defensor del Pueblo realizó en octubre y noviembre pasados una encuesta para conocer la opinión que las personas con discapacidad tienen sobre las barreras arquitectónicas en las vías y espacios públicos, y los problemas de accesibilidad con que se encuentran en su vida diaria.
En las respuestas recibidas, los ciudadanos ponen de manifiesto las dificultades que encuentran para informar a sus ayuntamientos de las deficiencias detectadas, la falta de contestación o la inexistencia de presupuesto.