El Congreso de los Diputados aprobó ayer la toma en consideración de la proposición de ley surgida de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que presentó el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) contra los actuales criterios de copago en materia de autonomía personal y atención a la dependencia que, a juicio de este colectivo, llegan a tener carácter “confiscatorio”.
La iniciativa fue respaldada con 326 votos a favor, ninguna abstención y cinco votos en contra. El Cermi promovió la recogida de firmas para llevar al Parlamento esta ILP por entender que el actual modelo de copago expulsa a muchas personas beneficiarias del sistema de dependencia por no poder afrontar los gastos; permite grandes diferencias entre comunidades autónomas, existiendo territorios en los que el coste es cero y otros en los que llega al 90% de la cuantía total del servicio, y perjudica a las personas.
Por ello, plantea establecer un copago máximo del 60% para la persona beneficiaria, dejando libertad a las regiones que deseen establecer porcentajes inferiores y eximir de cualquier gasto a quienes posean una renta inferior a 2,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem).
Además, cuando el presidente del Cermi, Luis Cayo Pérez Bueno, presentó esta iniciativa ante los grupos en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Congreso aseguró que es necesario tener en cuenta la variable de si la situación de dependencia ha sido adquirida o es de nacimiento, puesto que en este segundo caso la persona en situación de dependencia no ha podido tener ingresos propios y afrontará los gastos durante muchos más años.
La diputada del Grupo Parlamentario Socialista María Soledad Pérez fue la encargada de defender la proposición de ley en el Pleno de la Cámara Baja, aunque señaló que “hubiera sido deseable que lo hubieran hecho” los propios representantes del Cermi, teniendo en cuenta el trabajo realizado por el Comité para reunir alrededor de 740.000 firmas para presentar esta iniciativa.
“La ley que poníamos en marcha en 2007, reconociendo el derecho de las personas que no pueden valerse por sí mismas a ser atendidas por los poderes públicos, vino a dar respuesta a una demanda”, recordó Pérez, que añadió que, sin embargo, “el sistema de Dependencia fue brutalmente atacado” en forma de recortes y reformas como, por ejemplo, al implantar “un copago imposible al cuidado y atención de las personas en situación de dependencia”.
En este sentido, manifestó que “se ha vulnerado el derecho a la promoción de la autonomía personal y atención a la dependencia, así como el principio de igualdad” y detalló que en estos momentos alrededor de 350.000 personas permanecen en el limbo de la dependencia y en los últimos cinco años más de 150.000 personas fallecieron sin haber llegado a recibir las prestaciones o servicios que les correspondían y tenían reconocidos.
PNV, en contra
El resto de grupos parlamentarios se mostró a favor de iniciar la tramitación de esta iniciativa legislativa, a excepción del PNV, cuyo diputado Iñigo Bandiarán dijo que la iniciativa “vulnera el reparto competencial entre el Estado y las comunidades autónomas” y aseguró que “se está intentando cobijar bajo el paraguas aparente de un derecho necesitado de regulación en aspectos básicos para legislar ámbitos concretos de gestión del título material de servicios sociales que perfectamente pueden ser diseñados por el legislador autonómico atendiendo tanto a sus competencias como a sus características particulares”.
Por su parte, el diputado de Ciudadanos Marcial Gómez destacó que la Ley de Dependencia se ha visto “lastrada por los recortes”, necesita ser revisada tras haber pasado una década y declaró que en lo que se refiere a dependencia “tenemos que dejar de pensar en el ahorro a corto plazo y tenemos que incidir en las políticas de promoción de la autonomía personal”, ya que “invertir en prevención e invertir en autonomía personas, además de prevenir situaciones de dependencia es también ahorrar en dependencia”.
La autonomía es un derecho
La diputada de Unidos Podemos Nayua Miriam Alba incidió en que la ley de 2007 “supuso un gran paso hacia delante aun con sus déficits y limitaciones”, pero “el Gobierno del PP en vez de aprovechar este punto de partida y seguir avanzando decidió retroceder”. Aseguró que apoyaron la toma en consideración de esta iniciativa a pesar de que temen que “puede provocar la legitimación de un sistema como es el copago”, lo cual, consiste en “aceptar volver a pagar por unos servicios públicos que ya pagamos”. Asimismo, afirmó que “la autonomía es un derecho y no un privilegio para quienes tienen recursos suficientes”.
Por último, la diputada del Grupo Parlamentario Popular Carmen Navarro celebró que “esta proposición de ley emana de una ILP”, lo cual “demuestra que nuestra democracia está viva y el pueblo tiene mucho que decir” e indicó que “el PP quiere ir de la mano del Cermi”.