El Pleno del Consejo Económico y Social (CES) aprobó ayer los dictámenes sobre los anteproyectos de Ley de Voluntariado y de Ley del Tercer Sector de Acción Social. No obstante, aclara que ni las actividades del voluntariado ni la colaboración del Tercer Sector pueden sustituir las funciones de servicios sociales desempeñadas desde las administraciones públicas.
Según informó el CES, ambos dictámenes fueron valorados con respaldo casi unánime del Pleno: el anteproyecto sobre la Ley de Voluntariado contó con 45 votos a favor y dos en contra, y el de la Ley del Tercer Sector de Acción Social con 44 a favor, una abstención y dos en contra.
Sin embargo, en ambos dictámenes el CES incide en la necesidad de aclarar que la acción social llevada a cabo por organizaciones de voluntariado y del Tercer Sector es complementaria a la realizada por las administraciones públicas. El Pleno recuerda que debe prevalecer el principio de no sustitución de funciones o servicios públicos.
No puede diluir la responsabilidad pública en este ámbito, ni derivar la defensa de los intereses sociales en una promoción o cooperación exclusiva con las entidades sin ánimo de lucro, señala en un comunicado el CES, que insiste en que los textos deberían aclarar la definición de los límites de actuación del Tercer Sector en relación con las obligaciones de los poderes públicos.
El CES considera que principios como la ‘corresponsabilidad ciudadana’ que son recogidos en el anteproyecto de Voluntariado son nociones vinculadas con el debate sobre la evolución y los límites del Estado Social, por lo que afirma que en materia sociolaboral y económica, el voluntariado encuentra su razón de ser en el principio de participación solidaria y no en la denominada corresponsabilidad ciudadana.
A este respecto, el Pleno destaca la confusión que se derivaría de referencias de los textos a materias exclusivas del ámbito laboral y de la negociación colectiva, al considerar que se adentrarían injustificadamente en regular materias propias del ámbito de las relaciones laborales que cuentan con normativa y cauce de interlocución propios.
Además, el CES llama la atención sobre la falta de referencias al diálogo social y a los interlocutores sociales, al tiempo que subraya la necesidad de evitar confusiones entre el diálogo social y el civil.
Por otro lado, ambos anteproyectos establecieron en disposiciones finales o adicionales que las medidas quedan condicionadas a la ausencia de incremento del gasto público. En este sentido, el CES opina que estas previsiones no resultarían coherentes con una apuesta decidida por el voluntariado y la promoción del Tercer Sector de Acción Social, impacto que difícilmente resultará neutro.
Aunque las actividades no sean remuneradas, no cabe obviar el coste económico que conlleva el impulso de las mismas en sus distintas formas, ya sea el asesoramiento, la financiación de estudios y campañas de promoción, la puesta a disposición de las correspondientes infraestructuras específicas o cualquier otro tipo de apoyo, concluye el CES.