El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha recurrido ante la jurisdicción contencioso-administrativa la resolución del ministerio de Sanidad que establece los criterios de participación en el coste (copago) de los usuarios de la prestación farmacéutica dispensada en el medio hospitalario, con lo que será la Justicia la que resuelva sobre la legalidad de esta medida.
El CERMI pide el amparo judicial tras la negativa del Departamento que preside Ana Mato a alegatos del CERMI, tanto los formales como los de fondo, en el recurso administrativo previo contra la resolución ministerial, que regula la aplicación de la previa extensión legal del copago a los medicamentos que se suministran en el ámbito hospitalario, para pacientes no ingresados, que hasta ese cambio legal estaban exentos de aportación del usuario.
El CERMI lamenta la actitud de Sanidad, que persiste en unos argumentos equivocados e injustos que restringen el acceso de muchas personas con discapacidad y enfermas crónicas a la prestación farmacéutica, haciéndola más gravosa aún, lo que compromete su derecho a la salud y a la asistencia sanitaria.
En su recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el CERMI solicita la anulación de la resolución ministerial, así como su suspensión cautelar hasta que se pronuncie el órgano sobre la cuestión de fondo.
Más allá del ámbito judicial, el CERMI reclama una solución política inmediata a esta cuestión, que pasa por modificar la ley del medicamento, a fin de dejar exentas de aportación en este tipo de prestación farmacéutica de las personas con discapacidad y personas con enfermedades crónicas.