El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) reclamó a la Unión Europea y al Estado español, en el Día Mundial de los Derechos de los Consumidores, un marco regulatorio eficaz que garantice los derechos de los consumidores contra los abusos y fraudes relacionados con servicios y productos financieros.
El CERMI recordó que las personas con discapacidad, en especial aquellas que necesitan apoyos para la toma de decisiones, son consumidores colocados en posición de extrema vulnerabilidad, que les hace ser víctimas propicias para los abusos financieros, sin que la normativa aplicable los proteja suficientemente.
El comité destacó que en estos últimos años han sido continuas las quejas y reclamaciones de personas con discapacidad que se han visto involucradas en episodios de abusos y fraudes financieros, viéndose inducidas a adquirir productos y servicios mediante engaño, mala fe o información falseada o incompleta de los riesgos que asumían adquiriéndolos o contratándolos.
Ante estos hechos, que en economías generalmente débiles como las de las personas con discapacidad y sus familias tienen un impacto devastador, denuncia el CERMI “el ordenamiento jurídico no depara ninguna protección reforzada contra los abusos, dejando a este sector de población en una situación enormemente precaria, que agrava su vulnerabilidad social”.