El presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Luis Cayo Pérez Bueno, pidió en el Congreso de los Diputados una “refundación” de la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, de cuya entrada en vigor se cumple una década en diciembre, “para que el sistema sea aquello para lo que se creó, y no se quede en algo intermedio que no da respuestas a miles de personas y familias”.
Así se expresó Pérez Bueno durante su comparecencia en la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad del Congreso de los Diputados, donde recordó que el CERMI ha presentado una iniciativa legislativa popular (ILP) para que se modifiquen los actuales criterios de copago, y que contó con la adhesión de casi 740.000 personas.
Según explicó, esta ILP está pendiente de ser tomada en consideración por parte de la Comisión de Servicios Sociales del Congreso, y propone un establecimiento de unos copagos que no expulsen a ninguna familia del sistema por no poder hacer frente a los costes económicos”. En su opinión, el sistema de dependencia “fue en su momento una conquista social, pero es una ley que ha decepcionado a los dos grandes grupos sociales que eran sus destinatarios: las personas mayores y las que tienen discapacidad”.
En esta línea, el máximo representante del CERMI subrayó que como consecuencia de la crisis económica, “en los últimos años se han perdido prestaciones, apoyos que se ofrecían a las personas con discapacidad en el acompañamiento en su proceso de inclusión en ámbitos como el sanitario”, por lo que señaló que “la recuperación económica es el momento de retomar todo lo perdido y no estar sometidos a políticas de austeridad”.
Ante este escenario, el presidente de la plataforma representativa de la discapacidad en España apuntó que “no estamos, por desgracia, en una situación en la que no sean necesarias políticas públicas orientadas a promover la igualdad y el ejercicio de los derechos por parte de las personas con discapacidad”. De hecho, indicó que a consecuencia de la crisis económica, “estamos más necesitados de que se intensifique la acción transformadora en favor de las personas con discapacidad”.
Reforma constitucional
Pérez Bueno insistió en el Congreso de los Diputados en la petición del CERMI de reformar la Constitución española para que se incluyan como fundamentales los derechos sociales, “y más en concreto la inclusión social de las personas con discapacidad”.
Asimismo, urgió a que el Parlamento modifique la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg) para garantizar el derecho al voto de todas las personas con discapacidad, “ya que casi 100.000 no lo tienen reconocido” por razón de discapacidad intelectual, enfermedad mental o deterioro cognitivo, a consecuencia de una sentencia de incapacitación. A juicio de Pérez Bueno, este punto “contraviene” la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Precisamente, el responsable del CERMI recordó que en 2017 la ONU volverá a examinar a España para analizar el nivel de cumplimiento de las recomendaciones que le hizo en 2011, “y gran parte de ellas están pendientes, por lo que Naciones Unidas incrementará su nivel de exigencia”.
Además, en relación con los aspectos que España no cumple, Pérez Bueno resaltó que en 2017 todas las infraestructuras y servicios de interés deberían ser accesibles, tal y como indicaba la Ley de accesibilidad de 2003, “pero lamentablemente no vamos a alcanzar ese objetivo”. EN todo caso, advirtió de que se podrán adoptar acciones judiciales contra quienes vulneren la legislación vigente. Además, para revertir esta situación, pidió que todos los ministerios destinen el 1% de sus recursos para invertir en la mejora de la accesibilidad universal en todos los ámbitos.
Empleo y mujer con discapacidad
Durante su intervención, el presidente del CERMI recordó que más de cuatro millones de personas tienen discapacidad en España, de las que el 60% son mujeres. “Pese a que la discapacidad en España tiene rostro de mujer, están en situación de mayor pobreza, mayor exposición a la violencia, más lejos de la inclusión. Están en un cuadro sombrío que debemos teñir con políticas transversales de género y discapacidad”.
En este sentido, pidió que el reciente acuerdo firmado entre PP y PSOE para que con otras fuerzas políticas se trabaje para alcanzar un pacto de estado contra la violencia de género tenga en cuenta a las mujeres y niñas con discapacidad víctimas de esta lacra.
En materia de empleo, el presidente del CERMI expresó el deseo de la entidad de que se pase de la actual tasa de actividad de las personas con discapacidad del 38 al 50% en cuatro años, lo que supondría que habría en el mercado laboral 150.000 personas más trabajando, “participando activamente en mejorar nuestra sociedad”.
