El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), entidad de la que forma parte la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE), ha instado a las corporaciones locales en situación de superávit presupuestario a destinar al menos un 10% del mismo a un plan extraordinario de inversiones sostenibles en accesibilidad universal, que podría comenzar a ejecutarse este mismo año 2018.
Tras la reciente aprobación por parte del Gobierno de un real decreto-ley que autoriza a los ayuntamientos, diputaciones, cabildos y consejos insulares con superávit a reinvertirlo en servicios sostenibles de seguridad y orden público, lucha contra incendios, asistencia social primaria e infraestructuras sociales, educativas, deportivas y culturales, CERMI reclama a las administraciones locales que dediquen una parte mínima de ese excedente a actuaciones que faciliten la vida a las personas con discapacidad, como puede ser la eliminación de barreras arquitectónicas.
Estos fondos adicionales se instrumentarían mediante un plan extraordinario, que se sumaría y complementaría las inversiones corrientes en esta materia que ya estuvieran aprobadas en sus presupuestos ordinarios.
Desde el CERMI han explicado que gracias a “la dimensión territorial de la discapacidad organizada”, a través de los 19 CERMIS Autonómicos existentes -uno por cada comunidad autónoma, más los de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla- permitirá al organismo dirigirse “a cada una de las corporaciones locales en situación de superávit exigiendo este compromiso extraordinario de inversión con la accesibilidad universal, y aprovechar de este modo parte del excedente para avanzar en el objetivo de ciudades y pueblos accesibles, del que estamos aún muy lejos en España”.
De hecho, hace apenas unos días FAMMA-Cocemfe Madrid retaba a los ayuntamientos de la comunidad a sellar un Pacto por la Accesibilidad Local, denunciando que cerca del 80% de los municipios consultados carece de un plan de accesibilidad y la mayoría de ellos desconocen cuántas personas con discapacidad viven dentro de sus términos municipales.