El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) es partidario de que la futura Ley de Acceso a la Información, Buen Gobierno y Transparencia, que se tramita en estos momentos en las Cortes, se aplique a las entidades de iniciativa social, ya que la transparencia es un valor esencial de las organizaciones ciudadanas, del que estas deben hacer gala, tal y como informa la entidad en una nota.
Aunque en el texto del proyecto de ley remitido por el Gobierno al Congreso, no estaba previsto, diversas enmiendas presentadas por los Grupos Parlamentarios extienden las obligaciones de transparencia a las entidades sociales, además de a los partidos políticos, los sindicatos y las organizaciones empresariales, entre otros.
Así, las organizaciones sociales que reciban anualmente en concepto de subvenciones y ayudas públicas al menos 100.000 euros o la mitad de sus ingresos procedan de los presupuestos públicos, siempre que alcancen como mínimo los 3.000 euros, deberán adoptar todas las medidas de transparencia económica y de funcionamiento recogidas en la futura Ley.
La transparencia es un valor consustancial a las organizaciones de base social, que la mayor parte de ellas ya vienen practicando de muto propio, por lo que su exigibilidad legal es una garantía más para la ciudadanía, que podrá ver reforzada así su confianza en la actuación de la sociedad civil articulada.