Una delegación del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), entre los que se encontraba Anxo Queiruga, presidente de COCEMFE, mantuvo ayer una reunión con dirigentes del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso de los Diputados, con el fin de abordar las prioridades de la agenda política de la discapacidad en España para esta legislatura.
La reunión de trabajo tuvo lugar en la sede del CERMI Estatal minutos después de que el Grupo Socialista presentara en el Registro del Congreso de los Diputados una proposición de ley para eliminar las restricciones al derecho de contraer matrimonio por parte de las personas con discapacidad.
En concreto, el texto persigue eliminar la exigencia de que haya personas con discapacidad que tengan que presentar un certificado médico para poder contraer matrimonio. Esta situación afecta sobre todo en la actualidad a las personas con discapacidad intelectual, pero a partir de junio, tras una reforma del Código Civil, también lo hará a personas ciegas y sordas.
En declaraciones a los medios antes de la reunión con los representantes del PSOE, el presidente del CERMI, Luis Cayo Pérez Bueno, afirmó que si finalmente esta modificación entra en vigor “estaríamos ante un gran retroceso en materia de derechos para las personas con discapacidad”.
En este sentido, lamentó que “no sólo no se ha corregido la discriminación que sufrían las personas con discapacidad, sino que se ha ampliado a otros grupos sociales que hasta ahora no la sufrían”.
Además, aseguró que tampoco se debe exigir certificado médico a las personas con discapacidad intelectual, puesto que con los apoyos necesarios pueden tomar sus propias decisiones. “Se trata, en suma, de fomentar la libertad”, remachó Pérez Bueno.
Por su parte, el secretario general del Grupo Parlamentario Socialista, Miguel Ángel Heredia, apuntó que “hemos atendido la petición del CERMI para modificar el Código Civil”, y recordó que este cambio debería haberse realizado ya en 2012.
En esta línea, el portavoz del PSOE en la Comisión de Políticas Integrales de la Discapacidad, Joan Ruiz, declaró en la Cámara Baja que se han visto obligados a presentar esta iniciativa porque en uno de los decretos ley de 2015 figura un articulado que es “lesivo” y “humillante” para las personas con discapacidad.
Autonomía personal y dependencia
Durante la reunión de trabajo, el CERMI expuso a los representantes del Grupo Socialista otras prioridades para las personas con discapacidad, comenzando por la necesidad de “revitalizar” la Ley de Autonomía Personal y Dependencia tras una década de vigencia, incidiendo en que no se debe confundir discapacidad con dependencia. Así, volvió a denunciar que existen criterios de copago “injustos” que deben modificarse, en línea con la iniciativa legislativa popular (ILP) de la plataforma representativa de la discapacidad en España, que tras la disolución de las Cortes el pasado año por la repetición de las elecciones, debe volver a tramitarse antes de ser debatida. Asimismo, insistió en su petición de que se realice este año una aportación extra de 1.000 millones de euros para contribuir a fortalecer la ‘cuarta pata del estado del bienestar’.
La importancia de reformar la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) para evitar que casi 100.000 personas con discapacidad sigan privadas del derecho de sufragio por razón de discapacidad intelectual, enfermedad mental o deterioro cognitivo fue otro de los asuntos que el CERMI abordó con el PSOE, amén de la “urgente” modificación de la Ley de Propiedad Horizontal, para lograr que las comunidades de propietarios se hagan cargo de las reformas que sirvan para eliminar barreras arquitectónicas que hacen que haya personas mayores o con discapacidad que no puedan entrar y salir libremente de su vivienda.
Por último, el presidente del CERMI instó a los representantes socialistas a contribuir a actualizar el “desfasado” Catálogo Ortoprotésico, a mejorar la regulación del concierto social y a mantener, y en todo caso mejorar, el actual modelo de reparto de las subvenciones asociadas al IRPF.