El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) espera que todos los partidos políticos de ámbito estatal asuman como compromiso la aprobación de una ley nacional de garantía de los derechos sociales, que asegure un marco de apoyos y unas prestaciones iguales para toda la ciudadanía, con independencia de territorio en que se resida.
Para el movimiento de la discapacidad, es necesaria y posible una ley de carácter estatal que regule las condiciones para que todas las personas que residen en España tengan unos derechos sociales iguales que les permitan llevar una vida digna y participativa, sin que existan inequidades ni agravios por motivos de adscripción territorial.
Incluso con el marco constitucional vigente, esa legislación estatal es factible, como quedó demostrado en el seminario que el CERMI dedicó a esta cuestión en 2010, en el que juristas eminentes señalaron esa posibilidad, ya que la Constitución española lo permite, pues los derechos sociales son algo más amplio y de mucha mayor entidad que la asistencia social, esfera limitada que la Norma fundamental atribuye en exclusiva a las Comunidades Autónomas.
No obstante, no como condición previa de la que se haga depender la ley, sino como elemento a mayores, el CERMI es partidario de modificar la Constitución para que se le atribuya expresamente al Estado las competencias básicas en materia de garantía de derechos sociales.