Con motivo del décimo aniversario de la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) celebró unas jornadas para analizar esta normativa.
En el encuentro, representantes de diferentes formaciones políticas, del ámbito académico, de entidades del tejido asociativo de la discapacidad y de personas mayores, de la economía social y de profesionales de la prestación de servicios sociales coincidieron en la necesidad de reformar y reforzar esta red de prestaciones y apoyos.
Bajo el título “2006-2016: 10 años de la Ley 39/2006, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a Personas en Situación de Dependencia: ¿Más y mejor protección social una década después?”, las jornadas tuvieron lugar en el Complejo Deportivo y Cultural de la ONCE en Madrid, y contaron con el apoyo del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Durante una mesa de debate formada por representantes del mundo de la política, la portavoz del PP en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Congreso, Carmen Navarro; la secretaria primera en dicha Comisión y diputada del PSOE, Guadalupe Martín, y el portavoz de Ciudadanos en la Comisión de Discapacidad del Congreso, Diego Clemente, coincidieron en la necesidad de trabajar para alcanzar un “pacto de estado” para reforzar el Sistema de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia. El presidente de la Comisión de Políticas Integrales de la Discapacidad del Congreso, Carles Campuzano, mostró su satisfacción por el hecho de que desde ayer la Comisión que preside tenga carácter legislativo.
Por su parte, la diputada del PP Carmen Navarro pidió trabajar entre todos los partidos políticos “porque el futuro de la ley lo tenemos que escribir en adelante, y debemos hacerlo por las generaciones futuras y por quienes ya lo necesitan”. Mientras, la parlamentaria socialista Guadalupe Martín, que también abogó por buscar consenso para mejorar la Ley de Autonomía Personal y Dependencia, urgió a modificar aspectos como los criterios de baremación. Además, subrayó “la enorme ilusión con la que trabajamos en su día para sacar adelante esta normativa”.
En esta línea, el diputado de Ciudadanos Diego Clemente señaló que “es el momento de cambiar el Sistema de Dependencia y quedarnos con lo que funciona”, terminando con problemas como “la baja financiación”.
El presidente de Con Salud Mental España y presidente de la Comisión de Salud y Espacio Sociosanitario del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Nel Anxelu González Zapico, lamentó que cuando se aprobó la Ley de Autonomía personal y Atención a la Dependencia “no se recogieran suficientemente” las necesidades de las personas con enfermedad mental, “sobre todo en lo referido a la parte de la promoción de la autonomía personal”, con el fin de favorecer la vida independiente.
En cuanto a los ajustes presupuestarios efectuados durante la crisis económica, Ramírez Navarro aseguró que “los recortes no han servido para frenar el déficit, los datos están ahí, pero sí que han ocasionado sufrimiento a muchas personas”. Además, subrayó que los retornos en la inversión en dependencia son del 38% “y es, además, una forma de crear empleo de calidad y estable, debido al progresivo envejecimiento de la población”.
Por otra parte, se celebró durante las jornadas una mesa denominada “La visión de los operadores y prestadores de servicios”, en la que Bernabé Blanco, presidente de la Asociación Empresarial para la Discapacidad (AEDIS) promovida por Plena inclusión, señaló en una mesa moderada por Teresa Palahí, comisionada de CERMIS Autonómicos, que “en el propio espíritu de la ley la participación de las entidades del sector de la discapacidad es muy importante”.
Blanco indicó que la Ley de Dependencia “ha contribuido a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual, aunque es cierto que nos queda mucho por hacer”. Asimismo, resaltó que las propias organizaciones también pueden mejorar en materia de apoyos y asistencia personal.
Mientras, el presidente de la Federación Empresarial de la Dependencia, José Alberto Echevarría, comentó que “la pieza clave de la prestación de servicios en este sistema es el operador privado, sin entrar a diferenciar entre empresas y organizaciones”. Eso sí, puntualizó que la administración pública debe hacer todos los controles que sean necesarios para garantizar la calidad de las prestaciones.
Por parte de la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES), Carlos de la Higuera, destacó “el enorme peso” de la economía social, y afirmó que este ámbito debe ser un “aliado” de las administraciones para la prestación de servicios de calidad.
En esta línea, el presidente de Lares Federación, Juan Ignacio Vela Caudevilla, explicó que “frente a los miedos antimercantiles” no debemos ser temerosos, porque vivimos en un estado de derecho”. En su opinión no hay que caer ni en el “liberalismo radical” ni en el “absolutismo estatal”, por lo que se mostró a favor de la “coexistencia de operadores con y sin ánimo de lucro”, y advirtió de los “riesgos” de que en las licitaciones de servicios sociales el precio tenga tanta relevancia.
Por otro lado, se celebró una mesa formada por entidades del ámbito de la discapacidad, en la que participaron Valeriano García, director gerente de FEDACE; Agustín Matía, gerente de Down España; Modesto Díez, representante de FEDER; Elena Ortega, directora de PREDIF, y Francisco Trigueros, presidente de FASOCIDE. Todos coincidieron en la necesidad de reforzar la apuesta por la promoción de la autonomía personal, y no sólo impulsar la atención a la dependencia.
