La Coalición Nacional de Fibromialgia, Síndrome de Fatiga Crónica, Sensibilidad Química Múltiple y Electrohipersensibilidad (CONFESQ), entidad perteneciente a COCEMFE, ha celebrado la Jornada ‘Sensibilidad Química Múltiple, Electrosensibilidad y discapacidad orgánica: análisis desde un enfoque de derechos humanos’, en la que presentaron dos informes que analizan las barreras que afrontan estas patologías desde el ámbito social y jurídico.
El evento, inaugurado por José Luis Martínez Donoso, director de Fundación ONCE, Elena Antelo, directora de COCEMFE y María López Matallana, presidenta de CONFESQ, tuvo como objetivo presentar, desarrollar y analizar el contenido de los informes ‘SQM y discapacidad orgánica: análisis desde un enfoque de derechos humanos’ y ‘EHS y discapacidad orgánica: análisis desde un enfoque de derechos humanos’. Las abogadas, cofundadoras de Medusa Human Rights y autoras de ambos informes, Paloma Torres e Isabel Díaz Velasco, presentaron el análisis socio-jurídico realizado y las conclusiones del mismo.
Dichos informes elaboran una primera aproximación a la situación de las personas que tienen estas enfermedades ambientales. En el caso de la Sensibilidad Química Múltiple (SQM) hay una imposibilidad orgánica de tolerar niveles bajos de exposición a productos químicos que generan serias limitaciones en la vida cotidiana de las personas con estas patologías. Por su parte, en la Electrohipersensibilidad (EHS), la imposibilidad orgánica lleva a no tolerar niveles bajos de exposición a fuentes de contaminación electromagnética (CEM).
Ambos estudios concluyen que las personas con estas patologías se enfrentan a barreras de carácter ambiental que les generan una discapacidad orgánica múltiple y sistémica. Señalan, también, que la realidad de las personas con discapacidad orgánica asociada a la SQM y a la EHS es invisible a los ojos de las instituciones y de la sociedad en general, lo que incide de manera desproporcionada en las mujeres, que suponen más del 80%.
Las personas con estas patologías, además de encontrar dificultades en el diagnóstico y acceso a tratamientos específicos, también tienen problemas para acceder a los servicios sanitarios o conseguir y mantener un puesto de trabajo.
Finalmente, los informes concluyen que la falta de accesibilidad se produce en un contexto de acumulación, lo que supone una vulneración sistemática de derechos humanos, poniendo en grave riesgo su salud física y mental, y abocándoles a una situación de exclusión social absoluta impidiendo el ejercicio de derechos y libertades en igualdad de oportunidades.
Por todo ello, los estudios urgen a que las Administraciones públicas generen espacios de reflexión sobre cómo concretar medidas de accesibilidad adaptadas al contexto de la discapacidad orgánica; y, además, establecer condiciones y procedimientos claros para la solicitud, evaluación y adopción de ajustes razonables en ámbitos públicos y privados.
En una línea de actuación más amplia se quiere utilizar el derecho internacional de Los Derechos Humanos y sus mecanismos de protección, para que las personas que tienen estas patologías puedan sentirse protegidas.
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