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El Juzgado de Primera Instancia nº 6 de Tarragona ha estimado parcialmente la demanda interpuesta por el Ministerio Fiscal contra RTVE y la productora Proamagna, al entender que el programa “Entre todos” presentado por Toñi Moreno vulneró el derecho a la intimidad y la propia imagen de un menor con discapacidad, en una emisión que data de agosto de 2013.
Tal y como ha expuesto en un comunicado RTVE, el Fiscal solicitó al Juzgado no sólo que se declarase la vulneración del derecho, tal y como ha ocurrido, sino también la publicación de la sentencia en un programa de TVE de la misma relevancia que “Entre todos”, la retirada del programa de sus formatos digitales, el pago de una indemnización de 15.000 euros más intereses y la condena en costas de las codemandadas.
El Jugado entiende que sí existió vulneración, por lo que ha condenado a la corporación pública a la retirada del programa de la web de RTVE, pero esa medida ya se había llevado a cabo por parte de la cadena el mismo día que recibió la demanda, antes de cualquier orden judicial.
El resto de peticiones, incluida la de publicación de la sentencia y el pago de la indemnización, han sido desestimadas. Respecto a esta última petición, la sentencia expresamente declara que no se aprecia daño moral en el menor, por lo que no procede fijar cantidad alguna en concepto de indemnización, según ha explicado en un comunicado RTVE.
La sentencia, según ha recogido El País, considera que se utilizó la imagen de un niño enfatizando su discapacidad “con fines conmiserativos”, además de dar informaciones “entroncadas con la curiosidad morbosa”, como la esquizofrenia de la madre, el intento de asfixiarlo por parte de ésta y la retirada de la custodia, entre otros asuntos.
El pasado verano, TVE puso fin a este programa, que tenía diferentes frentes abiertos. El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) había pedido que el programa de Toñi Moreno cesara sus emisiones, a raíz de las apariciones de niños y niñas con discapacidad. La Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales y el Consejo General de Trabajo Social también se habían posicionado contra el magazine.