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La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) y sus entidades miembros, en representación de más de 1.600 asociaciones en todo el país y más de 2,5 millones de personas con discapacidad, reclaman soluciones a la situación de peligro a la que se enfrentan las ONG tras la sentencia del Tribunal Supremo que declara nulo el Real Decreto por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a entidades del Tercer Sector de ámbito estatal colaboradoras con la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad.
En este sentido, COCEMFE y sus entidades reiteran su apoyo a las acciones de la Plataforma del Tercer Sector dirigidas a revertir esta situación, ya que se está poniendo en riesgo la red configurada por las ONG del país para defender los derechos de las personas más vulnerables de la sociedad y proporcionarles la atención y apoyos que mejor respondan a sus necesidades.
“La experiencia de COCEMFE, con 35 años de historia, nos ha demostrado que las asociaciones de discapacidad requieren estructuras de ámbito estatal que coordinen las diferentes acciones realizadas en todo el país por las organizaciones autonómicas, provinciales y locales para, de este modo, luchar unidos y optimizando recursos y conocimientos para el cumplimiento de nuestra misión: mejorar la calidad de vida del colectivo, su plena integración social y la defensa de sus derechos en todos los ámbitos de la vida”, señala el presidente de COCEMFE, Mario García.
Numerosas entidades miembros de COCEMFE se han pronunciado en contra de la sentencia del Tribunal Supremo:
“Impedir que las ONG de ámbito estatal reciban subvenciones de la Administración General del Estado tendrá, a juicio de la Asociación Española de Esclerosis Múltiple (AEDEM-COCEMFE), “un efecto demoledor sobre las estructuras de atención a las situaciones de emergencia social”.
La Federación Española de Lupus (FELUPUS) expone que “sin la concesión de subvenciones a entidades del Tercer Sector, como es nuestro caso, no podremos desarrollar nuestros objetivos y nos veremos abocados al cierre quedando nuestras patología sin referencia para planes hacia la colaboración con entidades públicas, suponiendo un retroceso muy grave para toda la comunidad lúpica en desarrollo de proyectos de investigación, atención, divulgación y demás objetivos que establecen nuestros Estatutos.
Para la Federación Española de Enfermedades Neuromusculares Federación (ASEM), esta situación “pone en peligro la continuidad de servicios fundamentales que la federación presta a las asociaciones de pacientes en todo el Estado. Las enfermedades neuromusculares son minoritarias y las personas afectadas están repartidas por toda la geografía española agrupadas en pequeñas asociaciones. Por ello es imprescindible promover, cohesionar y representar a las asociaciones locales, así como facilitar los servicios de apoyo necesarios para vertebrar un movimiento asociativo que dé respuesta a las necesidades del colectivo de familias y personas afectadas en nuestro país”.
Por su parte, la Federación Española de Fibrosis Quística explica que las personas con esta enfermedad y sus familiares “se verían privadas de varios servicios que hasta el momento está ofreciendo la Federación, y que no ofrece ninguna administración pública, lo que afectaría significativamente a la calidad de vida de las personas con Fibrosis Quística y sus familias”.
La Asociación Miastenia de España (AMES) asegura que “al tratarse de una entidad de carácter nacional, nos afectaría muy negativamente, ya que las subvenciones son una partida de financiación muy importante, sin ella nos veríamos mermados en cuanto a poder llevar a cabo nuestros fines que no son otros que los de atender al colectivo de personas enfermas de Miastenia y sus familiares, y colaborando activamente en materia de investigación”.