El presidente de la Confederación Estatal de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) y vicepresidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Anxo Queiruga, plantea al nuevo Gobierno que “tiene que ser prioritario legislar de una vez por todas la figura de la asistencia personal”, que en su opinión, transcurridos 13 años desde la aprobación de la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, continúa en el “limbo”.
Queiruga se expresa en estos términos en un artículo de opinión publicado en el boletín ‘Cermi.es semanal’. “Tenemos que tener todas las posibilidades de alcanzar una autonomía plena y, para ello, es fundamental que el Gobierno sea consciente de la importancia de apostar por la autonomía de las personas y de que se trata de un derecho que tiene que estar garantizado en cualquier lugar del país”, apunta el presidente de COCEMFE.
Además, califica de “intolerable” que “ni si quiera un 1% de todas las prestaciones para personas en situación de dependencia de nuestro país sean para asistencia personal. Muchas personas de nuestro grupo social siguen en la estacada, incluso hay seis comunidades donde no hay ni una sola persona con esta prestación y las iniciativas que se están poniendo en marcha son, en muchos casos, sucedáneos de asistencia personal, que en realidad no permiten desarrollar una verdadera vida independiente”.
Igualmente, defiende que la legislación sobre derechos de las personas con discapacidad tenga la misma fuerza que las leyes sobre otros asuntos. A su juicio, “la legislación que los recoge tiene que tener el mismo peso que el resto del ordenamiento jurídico, estableciendo los mecanismos necesarios para que todos los horizontes que se van marcando se cumplan una vez llegada la fecha”.
De este modo, pone como ejemplo que “de nada nos sirve tener una normativa avanzada si a la hora de la verdad las empresas siguen sin reservar el 2% de sus puestos de trabajo a las personas con discapacidad, seguimos encontrando barreras en los productos, entornos y servicios de manera generalizada, o un sistema educativo que no tiene los medios ni la preparación suficiente para que la educación inclusiva sea la norma”.
Por último, Queiruga pide al Gobierno “que cuente siempre con nuestro movimiento asociativo para lograr un desarrollo sostenible e inclusivo”, ya que “solo con una colaboración permanente se podrán diseñar políticas dirigidas a la plena inclusión y participación activa de las personas con discapacidad”.
