La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) muestra su apoyo a la unificación y actualización de la normativa sobre discapacidad realizada por el Gobierno a través del texto refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social.
Este Real Decreto Legislativo ha contado con la colaboración de las entidades de la discapacidad como COCEMFE, representadas en torno al CERMI, e integra en una sola norma la Ley de Integración Social de Personas con Discapacidad (LISMI), la Ley de Igualdad de Oportunidades, no Discriminación y Accesibilidad Universal de las Personas con Discapacidad (LIONDAU), y la Ley por la que se establece el Régimen de Infracciones y Sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.
El presidente de COCEMFE, Mario García, considera que “la nueva normativa tiene que garantizar el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, que sigue siendo la gran tarea pendiente para nuestro colectivo. El incumplimiento reiterado de las leyes que nos afectan perjudica directamente a los objetivos con los que se aprobaron: asegurar nuestra plena integración y normalización social”.
En este sentido, la Confederación espera que la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social facilite tanto su conocimiento como su cumplimiento, y que sea la base con la que las Comunidades Autónomas inicien la actualización de sus normativas sobre discapacidad, obsoletas en muchos casos.
“La actualización y armonización de la legislación en esta materia se ha realizado siguiendo la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esto supone la superación del concepto asistencial, pasando nuestro colectivo de ser objeto de tratamiento y protección social a ser titular de derechos, y los poderes públicos están obligados a garantizar el pleno ejercicio de esos derechos”, explica García.
Además, Mario García señala “la importancia de que queden aclarados en el texto aprobado conceptos clave para las personas con discapacidad y que desde el sector hemos solicitado reiteradamente. Es el caso de la ‘discriminación múltiple’ que se da por ejemplo en mujeres o en menores con discapacidad, los cuales viven una situación de especial vulnerabilidad y requieren protección y políticas específicas”.
De igual modo, es relevante para este colectivo que la ley defina todos los tipos de discriminación que pueden afectar a este sector de la población, sumando a las discriminaciones directa e indirecta recogidas anteriormente, la discriminación por asociación, cuando se produce motivada por la relación con una persona con discapacidad, y discriminación por acoso, cuando se atenta contra la dignidad de una persona con discapacidad o se crea un entorno intimidatorio o humillante.
Para la entidad es también destacable que con la nueva regulación se incorporen, en el ámbito de la protección de la salud, principios y normas de coordinación de las distintas actuaciones públicas para la prevención de la discapacidad, y se clasifiquen por primera vez los tipos de empleo a través de los que las personas con discapacidad pueden ejercer su derecho al trabajo.