La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) propone mejorar el Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) con una regulación unificada del copago que acabe con las desigualdades territoriales y que vulneran el Principio de Igualdad recogido en la Constitución Española al establecer claras discriminaciones por el hecho de vivir en uno u otro lugar del país.
“La dispersión y sobreabundancia normativa sobre dependencia, los copagos abusivos en algunos territorios y, en definitiva, 17 modelos diferentes de atender a este colectivo y promover su autonomía, nos han llevado a una deficiente aplicación de la norma que genera confusión y grandes desigualdades territoriales que vulneran los derechos de las personas dependientes”, afirma el presidente de COCEMFE, Mario García.
COCEMFE considera que la reciente derogación del decreto que regula el copago en dependencia en la Comunidad Valenciana, por parte del Tribunal Superior de Justicia de esta Comunidad, ha vuelto a poner de manifiesto la necesidad de unificar las condiciones de participación de los beneficiarios a nivel estatal.
“Desde COCEMFE pedimos a todas las Comunidades Autónomas y al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad que, en el marco del Consejo Territorial de Servicios Sociales y Dependencia, alcancen un acuerdo que permita disponer de una regulación nacional de la aportación del usuario al SAAD que acabe con los excesos de algunos territorios y permita cubrir las necesidades básicas de las personas en situación de dependencia, contando con la financiación pública necesaria”, señala Mario García.
Según el presidente de la entidad, “muchas personas de nuestro colectivo están viendo cómo la Administración en lugar de favorecer su autonomía y facilitar los recursos y servicios necesarios para un nivel mínimo exigible de calidad de vida, lo que hace es generar frustración y ansiedad, sobre todo en aquellas que se ven obligadas a salir del sistema por los excesivos copagos impuestos”.
“Desde COCEMFE confiamos en que el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, consciente de esta desigualdad, proponga a las consejerías de Servicios Sociales de todas las Comunidades Autónomas alcanzar un pacto que revitalice la Ley y su aplicación, corrigiendo los errores cometidos, incluidos los recortes aplicados hasta el momento, y garantizando una financiación adecuada y un copago más equilibrado y razonable”, apunta García.