La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) quiere poner de manifiesto las deficiencias que el sistema educativo español presenta hacia las personas con discapacidad y que limitan su desarrollo desde los primeros años de vida, con motivo de la Semana de Acción Mundial por la Educación que este año se celebra bajo el lema “Igualdad de derechos, Igualdad de oportunidades: Educación y discapacidad”.
El presidente de COCEMFE, Mario García, asegura que “se incumplen reiteradamente las leyes que regulan la educación inclusiva en España, lo cual ocasiona infinidad de complicaciones a los niños y jóvenes con discapacidad y sus familias, que se ven obligadas a recurrir a la Justicia y luchar durante largos periodos de tiempo para conseguir algo a lo que en realidad ya tienen derecho”.
Ante esta realidad, COCEMFE recuerda a las CCAA y, en general, a las instituciones educativas que están obligadas a promover la igualdad de oportunidades y eliminar cualquier tipo de discriminación hacia las personas con discapacidad, tanto en las etapas de educación obligatoria como en la no obligatoria.
“La vulneración de derechos que a diario se produce en las aulas de nuestro país y las dificultades que viven muchas familias, obligadas a hacer enormes esfuerzos para que sus hijos puedan estudiar igual que el resto de sus compañeros, es un problema al que instituciones educativas y gobiernos autonómicos deben mirar de frente y actuar”, expone Mario García.
El presidente de la Confederación asegura que “aunque los centros educativos en los que estudian personas con discapacidad tienen que contar con los recursos humanos necesarios para que éstas puedan alcanzar el máximo desarrollo personal y social, la realidad es bien distinta, porque hay centros que no disponen de personal preparado para facilitar a las personas que lo precisen satisfacer sus necesidades de movilidad reducida, centros que excluyen y discriminan al colectivo en sus actividades extraescolares y otros que directamente dificultan o rechazan su matriculación.
La Confederación considera necesario el establecimiento de medidas que garanticen el acceso y la permanencia del alumnado con discapacidad más allá de las etapas obligatorias, así como aumentar el apoyo y proporcionar los recursos docentes, materiales y económicos necesarios para acabar, por ejemplo, con las dificultades en el desplazamiento hasta los centros, la falta de accesibilidad de las instalaciones, la escasez de monitores y profesores de apoyo en algunos territorios, las elevadas ratios de alumnos por profesor y las insuficientes prestaciones económicas para paliar los sobrecostes que supone tener una discapacidad.
Según los últimos datos oficiales, hay 156.092 estudiantes con discapacidad en nuestro país, de los cuales el 20% está en centros de educación especial y un 80% en centros ordinarios. Diferencia que a juicio de COCEMFE debería incrementarse, al considerar que los centros de educación especial tienen que dar el relevo a los ordinarios para que la educación sea verdaderamente inclusiva y así acabar con una segregación educativa, que es discriminatoria y contradice los tratados internacionales ratificados por España.
“Desde COCEMFE pedimos a nuestro colectivo que no tolere actuaciones excluyentes y discriminatorias de ningún tipo y lo denuncie ante los distintos recursos públicos de tramitación de quejas y denuncias, además de dirigirse a las diferentes entidades de la Confederación repartidas por todo el territorio nacional para recibir asesoramiento en la materia”, apunta García.