El presidente de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE), Anxo Queiruga, defiende que “la discapacidad debería estar presente de manera transversal en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030” y contar activamente con sus entidades representativas.
Así lo dijo en un artículo de opinión publicado en el Boletín Semanal del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), donde propuso que las organizaciones del Tercer Sector, así como las entidades representativas de personas con discapacidad, participen permanentemente en el diseño, seguimiento y evaluación de las políticas públicas para que las necesidades de este grupo social sean asumidas con la máxima convicción y responsabilidad.
“Ello supondrá profundizar en el trabajo que nuestra Confederación lleva realizando desde su inicio y que ha implicado no solo avanzar en el ejercicio real de los derechos de las personas con discapacidad física y orgánica, sino también la mejora de la sociedad en su conjunto, en línea con los objetivos que ahora plantea la Agenda 2030”, afirma Queiruga.
Teniendo en cuenta que la Agenda 2030 no es de obligado cumplimiento, “se hace necesario alinear su desarrollo a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ya que esta sí supone una obligación para aquellos países que, como España, la han firmado y ratificado”, destaca el presidente de la Confederación.
En este sentido, Queiruga detalla que los ODS abren un nuevo escenario para las personas con discapacidad, ya que, la Agenda 2030 es la primera hoja de ruta internacional que menciona explícitamente a las personas con discapacidad y que pide que se tengan en cuenta sus especificidades para avanzar en el reconocimiento de derechos y en la igualdad de todas las personas.
Además, el presidente de COCEMFE señala que “es imprescindible que todas las administraciones asuman su papel en el cumplimiento de la Agenda 2030 con una voluntad política comprometida con no dejar atrás a las más de 1.000 millones de personas con discapacidad que hay en el mundo”. De esta manera, argumenta que “las medidas que se lleven a cabo para la eliminación de desigualdades en todo el planeta deberán garantizar los derechos de las personas con discapacidad, contar con una dotación suficiente de recursos y nuevos enfoques de diseño y de planificación de políticas públicas”.
Por último, incide en la importancia de que se eliminen” todo tipo de barreras que impiden la inclusión de las personas con discapacidad, así como de la formación de las instituciones públicas, privadas, las organizaciones de derechos humanos, las personas legisladoras y los equipos técnicos de las diferentes administraciones para que conozcan la discapacidad desde el enfoque basado en los derechos humanos y la concienciación para que la población en general conozca los derechos de este grupo social”.
