La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) destaca la necesidad de contar con protocolos que garanticen la protección de las mujeres y niñas con discapacidad frente a la violencia de género, teniendo en cuenta los factores de riesgo y exclusión que pueden acompañar a la situación de violencia, como la discapacidad, procedencia, raza, nivel económico, edad, diversidad afectivo-sexual, zona geográfica, etc.
Así lo ha manifestado la secretaria de Organización de COCEMFE, Marta Valencia, durante su comparecencia en la Comisión Especial de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Informe del Senado sobre las estrategias contra la Violencia de Género, donde ha incidido en la importancia de que estos protocolos “sirvan para la detección y prevención de situaciones de violencia contra mujeres y niñas con discapacidad, faciliten mecanismos de denuncia accesibles y ofrezcan una respuesta coordinada de los servicios sociales, sanitarios y de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado”.
“Estoy aquí, representando a muchas mujeres con discapacidad cuyas circunstancias siguen sin ser tenidas en cuenta y por ello se encuentran en una situación de mayor riesgo de vivir situaciones de violencia, violencia no solo ejercida por parte de sus parejas, sino también por las figuras cuidadoras y que se manifiestan en otras formas de violencia como la omisión de cuidados o la violencia institucional”, ha remarcado Valencia.
“Las mujeres con discapacidad viven en una situación de mayor discriminación: por el hecho de ser mujeres y multiplicada por tener discapacidad”, ha argumentado Valencia, quien ha detallado que “la prevalencia de la violencia de género es siempre mayor en mujeres con discapacidad que en mujeres sin discapacidad”. “Según el último estudio sobre Mujer, Discapacidad y Violencia publicado en 2020, el 71% de las participantes de la encuesta afirmó haber vivido violencia de género en algún momento de su vida”, ha añadido.
Además, Valencia ha hecho hincapié en que “nuestros derechos se encuentran amenazados por la pandemia de la COVID-19”, teniendo en cuenta que “el 38% de las mujeres con discapacidad han identificado la vulneración de sus derechos por razón de discapacidad y el 45% de las mujeres han afirmado no poder acceder a algún tratamiento y/o terapia desde que comenzó la pandemia”. “La interrupción de la atención presencial en los servicios públicos, a lo que hay que sumar la brecha digital, evidenciaron la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las mujeres con discapacidad a la hora de recibir los apoyos necesarios y en el acceso a recursos”, ha explicado Valencia.
Según ha indicado Valencia durante su intervención, “el Pacto de Estado contra la violencia de género representa un avance significativo y es necesario ponerlo en valor”; lamentando que “de nada servirán sus medidas si no se aplican o ejecutan teniendo en cuenta la realidad de todas las mujeres y de manera igualitaria en todos los territorios de España”. Por ello, ha destacado “la urgencia de poner en marcha la aplicación informática que se está desarrollando para recoger los datos del progreso del cumplimiento de las medidas”, así como dar prioridad a la aprobación de los fondos del Pacto con antelación suficiente para organizar y poner en marcha los distintos programas y servicios.
Por otro lado, entre las medidas propuestas por COCEMFE para dar cumplimiento al Pacto de Estado, se encuentran incluir la variable de discapacidad en la divulgación de los datos recogidos en materia de violencia en aquellos casos que sigue sin tenerse en cuenta, como en los boletines periódicos estadísticos de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. “Seguimos sin saber cuántas mujeres con discapacidad son asesinadas por esta razón, por lo que queda invisibilizada la consecuencia del tipo de violencia más grave ejercida sobre ellas”, ha señalado.
Asimismo, ha instado a las administraciones competentes a que implanten las medidas necesarias para asegurar una atención integral a las mujeres y niñas que viven en una situación de violencia y, de ser el caso, las personas a su cargo, teniendo en cuenta todos los factores que interseccionan en sus circunstancias, como la discapacidad, y garantizando no dejar a ninguna mujer atrás.
Dotar de recursos para la formación y especialización de los equipos profesionales que atienden los casos de violencia, promover un uso inclusivo y no discriminatorio del lenguaje para evitar una doble victimización, reforzar los servicios públicos de atención psicológica y facilitar el acceso a todos los recursos a aquellas mujeres y niñas con discapacidad que viven entornos rurales son, entre otras, algunas de las medidas propuestas por Valencia durante su intervención en la Cámara Alta.
Por último, la secretaria de Organización de COCEMFE ha mostrado la importancia de “seguir dialogando y que trabajemos de manera conjunta por la igualdad de oportunidades, respetando y defendiendo el ordenamiento jurídico, haciendo especial hincapié en la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y exhortando al cumplimiento de la Agenda 2030”.
