La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) pide al Gobierno que apueste por un sistema justo de servicios y prestaciones en el que se proporcione la protección necesaria para las personas con discapacidad y para las personas que, como consecuencia de la realización de su trabajo habitual, han pasado o están en un proceso de incapacidad laboral.
Con motivo de las palabras del secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, en las que afirmó que “no nos podemos permitir el lujo de tener paralíticos cerebrales que están trabajando con las bonificaciones del sistema de Seguridad Social, y luego seguir dando pensiones de incapacidad permanente a la gente por lumbalgias”, la Confederación considera que este tipo de comparaciones no reflejan la realidad al tiempo que alejan el foco sobre las verdaderas necesidades de las personas y su realidad laboral.
COCEMFE considera que las medidas de apoyo dirigidas a las personas con discapacidad para garantizar su inclusión laboral no deberían ser tratadas como algo extraordinario, sino que se debería favorecer aún más la contratación de este grupo social, teniendo en cuenta que el acceso al trabajo además de un derecho, supone también un retorno social y económico de las inversiones realizadas.
Entre otros aspectos, Granado afirmó que es “una auténtica contradicción” que haya personas con graves discapacidades trabajando y otros, no tan graves, que cobran una pensión de incapacidad permanente hasta que acceden a la jubilación y añadió que intentará reducir esta contradicción “en la medida de lo posible”.
El presidente de COCEMFE, Anxo Queiruga, pide “racionalizar el sistema con equidad, coherencia e investigando aquellos casos en los que se sospeche que se puede haber cometido un fraude a la Seguridad Social, antes de criminalizar a las personas que cuentan con una incapacidad laboral”.
“Bastante duro es tener que dejar de trabajar, con las repercusiones sociales y psicológicas que conlleva, como para que el mensaje que se traslada a la sociedad es que te estás aprovechando del Estado del Bienestar cobrando una pensión que no te corresponde”, añade Queiruga.
Por último, reclama a Granado y al resto del Gobierno que “aboguen por un lenguaje inclusivo y cuando se dirijan a nosotros lo hagan en base a nuestra condición de persona y no como una discapacidad, ya que esa es una de nuestras características y no lo único que somos”.
