La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) ha clausurado hoy las jornadas ‘Discapacidad y discriminaciones interseccionales: Lo que aprendimos en la pandemia’ que se han celebrado este martes 26 y miércoles 27 de abril, a las que han asistido más de 600 personas y que tienen como objetivo situar en el centro de la agenda distintas temáticas que tradicionalmente han sido menos exploradas desde la perspectiva de la discapacidad.
Para ello, se celebraron varias mesas como por ejemplo la dedicada a ‘Las personas LGTBIQA+ con discapacidad y la exclusión social, el estigma y la discriminación social’, que corrió a cargo de Amaranta Gómez y Alexandra Benitez; ‘La trata de mujeres y niñas con discapacidad con fines de explotación sexual en América Latina, el Caribe y España: las dos caras de una misma realidad’, que contó con Beatriz Sagrado y Tahira Vargas; ‘Minorías étnicas y discapacidad, exclusión social de las poblaciones indígenas y afrodescendientes con discapacidad en América Latina y el Caribe’, conducida por Olga Montúfar y Rosa María Montano, y ‘Asilo, refugio y discapacidad: las persecuciones de personas con discapacidad por motivos de género, identidad sexual, origen étnico, nacionalidad, afiliación religiosa o ideología política’ que llevaron a cabo Ricardo Pla y Jeff Hassler.
Por ejemplo, entre las conclusiones extraídas se encuentra el hecho de que la diversidad sexual en la discapacidad es una realidad invisibilizada, de manera que vivir desde la discapacidad, ser parte de la comunidad LGTBIAQ+ y ser indígena es una vivencia constante de violencia, negaciones sociales, culturales, políticas y económicas. Por eso es tan importante la mirada interseccional, describir las múltiples vulnerabilidades que atraviesan a las personas, y como eso se entrelaza para poder exigir derechos.
Además, las ponentes han destacado la importancia de que las entidades de atención a la explotación sexual y, en general a la violencia de género, estén adecuadamente formadas y sensibilizadas para atender a las mujeres con discapacidad y cuenten con mecanismos que permitan detectar la discapacidad y realizar una correcta atención. En este aspecto, han abogado por erradicar la cultura patriarcal sobre la que se origina la trata con fines de explotación sexual y que se construye sobre patrones de poder, dominación, control y subordinación de las mujeres, y entrelazado al modelo neoliberal de la economía y del sexo.
Por otro lado, es fundamental encontrar la manera de aplicar la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad en los territorios indígenas respetando sus tradiciones, cosmovisión y autodeterminación, para evitar perpetrar los procesos de asimilación cultural y colonización, para lo cual, es fundamental que las mismas personas indígenas con discapacidad asuman un rol protagonista en este proceso de incidencia.
De igual manera, se ha hecho hincapié en que las personas con discapacidad en situación de desplazamiento forzado, refugiadas o demandantes de asilo se enfrentan a varios riesgos como la invisibilidad y la exposición al abandono y la violencia, y también barreras específicas como las que están relacionadas con la información y los servicios, con la seguridad, refugio y evacuación y con la participación en la toma de decisiones.
Con respecto a la pandemia, se ha incidido en que la COVID-19 ha agravado notablemente las condiciones de exclusión y vulnerabilidad de las personas con discapacidad, por la ausencia de políticas y programas que ofrecieran información, orientación, recomendaciones y medios para su sobrevivencia en el confinamiento dictado por las medidas de emergencia. Por ejemplo, durante la pandemia no ha habido información accesible en lenguas indígenas y en los últimos dos años se ha detectado también un aumento de la trata online de mujeres y niñas con discapacidad y del consumo en línea de contenidos de abusos sexuales.
En cuanto a las conclusiones generales, las personas participantes en las jornadas coincidieron en que para promover el reconocimiento de derechos de las personas con discapacidad física y orgánica y garantizar su plena inclusión y participación activa en la sociedad, es necesario un abordaje interseccional como mecanismo de análisis, planificación, actuación y evaluación en todas las políticas públicas.
En este sentido, han defendido que es necesario que las organizaciones defensoras de los derechos humanos pertenecientes a los distintos movimientos sociales se unan para ejercer una presión ante los gobiernos a favor de la aplicación de un enfoque realmente interseccional para tener en consideración todas las diversidades humanas existentes.
Por último, otra de las ideas que han destacado durante las jornadas es que la creación de espacios comunes, alianzas y redes entre el movimiento de la discapacidad y los distintos movimientos sociales es fundamental para sumar fuerzas y adquirir esta dimensión interseccional imprescindible en estos tiempos.
La celebración de estas jornadas, que han contado con subtitulado en directo, ha sido posible gracias a una subvención procedente de la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, así como la financiación de Fundación ONCE.
