El Consejo Estatal de COCEMFE, el máximo órgano representativo de la organización entre Asambleas formado por 33 representantes de sus entidades miembros, se reunió el sábado 26 de septiembre en Madrid para abordar las principales cuestiones que preocupan al colectivo de las personas con discapacidad física y orgánica, como el borrador del nuevo catálogo ortoprotésico, la Ley de Propiedad Horizontal, las subvenciones a ONG, la ILP contra el copago confiscatorio en dependencia, los Centros Especiales de Empleo, las reivindicaciones de las personas con enfermedad renal y la situación de los refugiados con discapacidad.
Durante la reunión también fueron nombrados los/las consejeros/as de Andalucía Inclusiva (Confederación Andaluza de Entidades de Personas con Discapacidad Física), quienes representarán al colectivo de Andalucía dentro de este órgano de COCEMFE donde están presentes todas las Comunidades Autónomas.
Las organizaciones de discapacidad física y orgánica mostraron su máxima preocupación ante la publicación del borrador del nuevo catálogo ortoprotésico y acordaron exigir al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad consensuarlo con el movimiento asociativo de la discapacidad.
“No es de recibo aprobar un catálogo ortoprotésico que los representantes de sus beneficiarios no comparten y que supone un paso atrás en la calidad de vida de las personas con discapacidad y en la prevención del empeoramiento de su estado de salud. Por eso, exigimos que se incorporen las alegaciones que estamos realizando desde el sector de la discapacidad”, aseguró el presidente de COCEMFE, Mario García.
La Confederación rechaza que se obligue a aportar el 100% del coste del producto cuando éste supera el máximo de financiación fijado en el catálogo y que se haya reducido este máximo en algunos productos con respecto al anterior catálogo, del año 2000. El borrador recoge importes máximos de financiación como 352 euros para una silla de ruedas ligera o 2.912 euros para una silla de ruedas eléctrica estándar y si el usuario requiere un producto de gama superior se vería obligado a abonar íntegramente el coste del producto, en lugar de pagar sólo la diferencia como se ha hecho hasta ahora.
Además, se incrementa de forma generalizada la vida útil de determinados productos ortoprotésicos, doblándola en muchos casos, lo cual obligaría a los usuarios de los mismos a tener que esperar más tiempo para poder renovarlos. “No contempla que, según las circunstancias de cada persona, el mismo producto va a requerir su renovación con mayor o menor periodicidad. Por ejemplo, establecer cinco años para la renovación de una silla de ruedas eléctrica infantil, en pleno periodo de crecimiento, es un disparate, al igual que no tener en cuenta otros factores como la edad o el tipo de vida que lleva cada persona para fijar la duración de los productos”, afirma Mario García.
Además, los consejeros y consejeras de COCEMFE reiteraron la necesidad de que el Gobierno cumpla con su compromiso de modificar la Ley de Propiedad Horizontal antes de que acabe la legislatura para eliminar las trabas actuales para realizar obras de accesibilidad.
En relación a la sentencia del Tribunal Supremo que anula las subvenciones a entidades del Tercer Sector de ámbito estatal, el Consejo Estatal de COCEMFE reconoció la solución que el Gobierno ha adoptado para los próximos años, al tiempo que mostró su preocupación por las subvenciones del 0,7% de IRPF si el Supremo dicta una sentencia en el mismo sentido, puesto que COCEMFE y sus entidades reciben más de 8 millones de euros para desarrollar proyectos imprescindibles, dirigidos a la prestación de servicios de atención directa a personas con discapacidad, la construcción y/o rehabilitación de centros de atención al colectivo, la creación de empleo, la atención integral a mujeres con discapacidad, la realización de estudios, jornadas, investigaciones y publicaciones sobre discapacidad, así como proyectos de apoyo al alumnado con necesidades educativas especiales.
En cuanto a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) contra el copago confiscatorio en dependencia, promovida por el CERMI y que finaliza el 2 de diciembre, el Consejo Estatal de la entidad destacó la participación activa de las organizaciones miembros de COCEMFE que, junto al resto de organizaciones del CERMI, permitirá superar ampliamente las 500.000 firmas necesarias para su presentación en el Congreso de los Diputados.
El Consejo mostró su apoyo al Manifiesto de personas con enfermedades renales elaborado por la Federación Nacional ALCER para que las Administraciones Públicas tengan en cuenta las necesidades y reivindicaciones de los afectados en el desarrollo de las políticas sanitarias.
De igual modo, este órgano mostró su solidaridad con las personas refugiadas con discapacidad y exigieron un trato igualitario para ellas, sin discriminación, y que las instituciones cuenten con las organizaciones del sector para asegurar el enfoque inclusivo de la discapacidad en las estrategias públicas de acogida de personas refugiadas.
Entrevista al presidente de COCEMFE en Radio Nacional de España: