La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) espera que el Ingreso Mínimo Vital sea una prestación que suponga “una mejora en la renta disponible de las personas con discapacidad y sus familias”, lo cual, “teniendo en cuenta nuestra situación de desventaja, va a ser crucial para mejorar nuestra inclusión social”.
Así lo ha señalado el presidente de COCEMFE, Anxo Queiruga, durante la celebración de la Jornada Formativa Virtual: “El Ingreso Mínimo Vital” que se ha celebrado este miércoles y que ha contado con la participación de la secretaria general de Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión Social, María Milagros Paniagua; la responsable del Área Social de COGAMI COCEMFE Galicia, Juana María Tubío, y el secretario de Desarrollo Educativo y Profesional de COCEMFE, Valentín Solá.
“Casi 2,5 millones de personas con discapacidad se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social y esta mayor vulnerabilidad con que partimos en nuestro grupo social está empeorando por la pandemia”, ha detallado Queiruga, al tiempo que reclamaba “nuevas medidas que reduzcan nuestra discriminación en el mercado laboral”, con el fin de “evitar que las personas con discapacidad se vean abocadas a situaciones de pobreza extrema”.
En este sentido, el presidente de la Confederación ha hecho hincapié en que “disponer de recursos económicos es esencial para que las personas con discapacidad podamos hacer frente a las barreras que nos dificultan disfrutar de una vida normalizada y tener garantizados nuestros derechos y nuestras libertades, inherentes a cualquier ser humano”. También ha puesto énfasis en que “se garantice que estos fondos se sumen a los ya dedicados en las comunidades autónomas a la garantía de rentas y la inclusión social de las personas con discapacidad”.
Por otro lado, ha criticado que en la normativa “no se especifica la compatibilidad con otras prestaciones asociadas a la discapacidad, generando una gran incertidumbre en nuestro grupo social” y, además “se deniega el acceso a las personas usuarias de una prestación de servicio residencial, de carácter social, sanitario o sociosanitario, con carácter permanente y financiada con fondos públicos”.
A este respecto, Paniagua ha incidido en que para poner en marcha de la mejor forma posible el Ingreso Mínimo Vital, “es fundamental la cooperación con las comunidades autónomas, con los ayuntamientos, con los agentes sociales y con el Tercer Sector” y ha anunciado que el Gobierno está trabajando para atender el sobrecoste asociado a la discapacidad al que tienen que hacer frente las personas con discapacidad. “Somos conscientes de ese sobrecoste”, ha afirmado.
Asimismo, ha remarcado que, de haber estado implantado antes este Ingreso Mínimo Vital, “probablemente la situación que nos hemos encontrado con la pandemia no habría sido tan dura” y ha argumentado que esta prestación “no es un fin en sí mismo, sino un medio para conseguir la inclusión”.
Por su parte, Tubío ha puesto de relieve las dificultades a las que se tienen que enfrentar las personas con discapacidad para solicitar esta prestación y ha destacado la importancia de “garantizar la accesibilidad”, tanto para llevar a cabo el trámite administrativo, como para comprender el contenido de esta medida. Para ello, ha explicado es fundamental formar al personal que tramita estas solicitudes para que informen, expliquen y asesoren a las personas con discapacidad que quieren acceder a este ingreso.
La clausura de la Jornada Formativa Virtual: “El Ingreso Mínimo Vital” ha corrido a cargo de Solá, quien ha resaltado la necesidad de poner fin a las barreras que impiden el acceso de las personas con discapacidad a esta prestación, como la brecha digital, con especial atención a las que existen en el mundo rural”.
