La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) realizó la compra centralizada y la distribución de más de 700.000 equipos de protección individual (EPI) entre su Movimiento Asociativo durante el año 2020 para garantizar la protección de las personas usuarias, profesionales y voluntarias; cumplir con la desinfección periódica y limpieza adecuada de los centros y servicios; y dar continuidad de los servicios de las entidades con las medidas de seguridad necesarias.
Esta fue una de las actuaciones incluidas en el proyecto de Fortalecimiento y cohesión asociativa desarrollado por COCEMFE en 2020 y dirigido a impulsar el liderazgo de las personas con discapacidad física y orgánica de COCEMFE, visibilizarlas en el ámbito de la sociedad civil y las instituciones públicas y fortalecer el movimiento asociativo de COCEMFE a través de la cohesión de las entidades que lo integran. Adaptado a la situación generada por la COVID-19, este proyecto permitió a COCEMFE reaccionar ante la nueva situación y poner al servicio del Movimiento Asociativo de COCEMFE su red de comunicación y coordinación así como su capacidad de compra a nivel estatal.
“COCEMFE reaccionó inmediatamente a la crisis sanitaria de la COVID-19 poniendo al servicio de las entidades todos sus servicios y su capacidad de compra a nivel estatal para facilitar EPIS y otros productos necesarios para cumplir las medidas de seguridad sanitarias de vital importancia para desarrollar de forma segura la atención a las personas con discapacidad”, afirma el presidente de la entidad, Anxo Queiruga.
Además de la distribución de 700.000 EPIS, entre mascarillas, guantes y batas de protección, se distribuyeron cerca de 1.500 litros de gel hidroalcohólico, 290 test de antígenos y 122 sistemas de control de temperatura y pulso. También en este sentido, se habilitó un espacio web para reunir los recursos y teléfonos de información en las diferentes comunidades autónomas, en momentos en los que el acceso a información veraz y directa era crucial y se gestionó una respuesta unitaria a la necesidad de dotar de información verificada y de calidad a las entidades en cuestiones tan relevantes como las medidas de protección disponibles.
Anxo Queiruga explica que “con este proyecto se consiguió activar y poner en valor la cohesión y el trabajo interasociativo que se llevaba tiempo gestando entre las entidades de COCEMFE”. En este año 2020 especialmente difícil, “las entidades de COCEMFE han fortalecido su papel como garantes y defensoras de los derechos de las personas con discapacidad y han defendido un discurso común frente a las instituciones incluso durante la fase más dura de la pandemia”, añade el presidente de la organización.
De igual modo, este proyecto permitió a COCEMFE reestructurar sus Grupos de Trabajo formados por más de 300 personas expertas en los diferentes temas de interés y retos de COCEMFE incluidos en su Plan Estratégico 2019-2023. De esta manera de configuraron un total de 13 grupos estratégicos y dos ad hoc para abordar cuestiones como la elaboración de protocolos COVID-19 en centros residenciales y entidades de COCEMFE, la prestación de atención presencial durante la pandemia y el análisis de la abundante normativa generada durante este periodo.
Por ello, otra de las actuaciones dirigidas a impulsar la incidencia y el trabajo conjunto fue la realización de aportaciones legales para transformar las condiciones de vida de las personas con discapacidad y mejorar la normativa que rige los derechos de las personas con discapacidaden cuestiones relacionadas con accesibilidad, sanidad, empleo, vivienda, acceso a tecnologías y sostenibilidad del sector.
Gracias a una subvención procedente del 0,7% del IRPF del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social se ejecutó este proyecto en el que participaron un total de 51 entidades a nivel estatal y se enmarca en el Programa estratégico de Fortalecimiento institucional del Movimiento Asociativo de COCEMFE.
Proyectos como éste se desarrollan gracias a la solidaridad de las personas contribuyentes que cada año marcan en su declaración de la renta la casilla de Actividades de Interés general consideradas de interés social, la X Solidaria.
