El Consejo Autonómico de la Confederación de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunitat Valenciana (COCEMFE CV), ha mostrado su preocupación ante las informaciones aparecidas en medios de comunicación sobre posibles ajustes en el presupuesto de la Generalitat para 2020.
El presidente de la entidad, Juan Mondéjar, ha pedido a las autoridades políticas que garanticen presupuestariamente tanto los derechos de las personas con discapacidad como la viabilidad de las entidades a las que representa COCEMFE CV.
“Las organizaciones de discapacidad realizamos una labor hacia nuestro colectivo básica, más allá de lo subsidiario, y necesaria, tanto respecto a la atención directa como a la incidencia política encaminada a mejorar las condiciones de vida de los 270.000 valencianos y valencianas con algún tipo de discapacidad física y orgánica”, destaca Mondéjar.
El máximo responsable de la ONG ha realizado estas declaraciones en el primer Consejo Autonómico que ha celebrado la entidad en el presente curso político, que ha reunido a representantes de las 100 asociaciones que integran el movimiento de la discapacidad física y orgánica en la Comunidad Valenciana, con una representación de más del 60% de las 450.000 personas con algún tipo de discapacidad.
El Consejo Autonómico se ha mostrado partidario de que la Comunidad Valenciana reciba una financiación justa, puesto que considera que blindar la financiación social es la garantía para consolidar un modelo efectivo de atención social que supone el cuarto pilar del Estado de Bienestar:
“La consolidación de este modelo es una demanda de nuestro colectivo desde años y el déficit de financiación pone en peligro la justicia social en nuestro territorio, que ya ha sufrido sus efectos durante años”, afirma Mondéjar, al tiempo que detalla que “el panorama actual pone en riesgo aquello conseguido tanto en políticas de discapacidad y dependencia como en la labor que realizan las entidades especializadas para atender las necesidades no cubiertas por el sistema”.
Por último, añadió que las entidades de discapacidad no van a permitir que posibles nuevos recortes afecten a la calidad de los servicios que prestan, al número de personas participantes en estos servicios y en la estabilidad laboral de los profesionales que llevan a cabo esta atención.
“Solicitamos a los responsables políticos la máxima implicación para la consecución de una financiación justa para nuestro territorio que evite una posible involución de los derechos y la atención a los colectivos en situación de vulnerabilidad”, concluyó.
