La Confederación de Personas con Discapacidad Física y Ogránica de la Comunitat Valenciana (COCEMFE CV) se ha reunido con la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, y la directora general de Justicia, Maria Àngels García, para abordar las necesidades de las personas con discapacidad en este ámbito.
Los temas planteados, junto a otras tres entidades de discapacidad, han sido la protección del patrimonio de las personas con discapacidad en el caso de las incapacitaciones, la formación de los funcionarios del área de Justicia, el acceso de las personas con discapacidad con menos recursos a la justicia gratuita y la accesibilidad en los colegios electorales dada la proximidad de las elecciones nacionales del 26 de junio.
La consellera de Justicia ha anunciado que está estudiando facilitar el acceso a la justicia gratuita a las personas con discapacidad, en atención a la especial vulnerabilidad del colectivo. Bravo ha avanzado que ya se ha reunido con los colegios profesionales para analizar la situación y evitar la desprotección de estos afectados.
Por su parte, Javier Segura, presidente de COCEMFE CV, ha hecho hincapié en las causas de esta situación, en que las personas con discapacidad con pocos recursos encuentran vedado el acceso al abogado de oficio porque los requisitos actuales no contemplan que, aunque se supere por un estrecho margen los criterios de ingresos, la persona afectada destina prácticamente el 50% de estos ingresos a cubrir las necesidades derivadas de su discapacidad, motivo por el que desisten de presentar su caso ante la justicia.
Mesa de trabajo
La responsable de Justicia se ha comprometido a la creación de una mesa de trabajo que hará extensiva a la conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas y que se reunirá cada tres meses para realizar el seguimiento esta propuesta, que presentó COCEMFE CV en una reunión anterior, y del resto de iniciativas presentadas; y ha invitado a las entidades asistentes a hacerles llegar a su departamento más aspectos de la problemática del colectivo.
Bravo ha informado de la próxima puesta en marcha de cursos de formación para abogados de oficio y funcionarios con el objetivo de que tengan un conocimiento especializado de la problemática. En este sentido, COCEMFE CV ha puesto disposición de Bravo su Servicio de Asesoramiento Jurídico, con una experiencia de 6 años en la consultoría de situaciones que en ocasiones revisten una especial complejidad en un colectivo de especial vulnerabilidad.
La consellera ha manifestado su preocupación por el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad por su especial vulnerabilidad y ha señalado que es necesario un cambio de actitud: “Hay que cambiar la cultura y el chip con respecto a la discapacidad”, ha dicho.
Por otro lado, Segura ha valorado la voluntad de Bravo para atajar los problemas que implican inseguridad jurídica en el colectivo y ha recordado que en el año que se cumple el décimo aniversario de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, el CERMI ha señalado recientemente “la no adecuación de la legislación civil a los mandatos relativos al pleno reconocimiento de la capacidad jurídica de todas las personas con discapacidad”, en su informe anual sobre la aplicación de la convención en España como organismo de seguimiento reconocido por la ONU.
Finalmente, se ha abordado la problemática de la violencia contra las mujeres con discapacidad, que la Consellera ha considerado necesario visibilizar, las tutelas de los menores y la necesidad de proteger el patrimonio en el caso de las incapacitaciones.