Tras las palabras de la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Igualdad, Carmen Calvo, en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, donde afirmó que “no se puede llamar disminuido a nadie, de ninguna de las maneras”, la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) celebra la predisposición del Gobierno de poner fin a esta discriminación hacia las personas con discapacidad que aparece en la Carta Magna.
En línea con el documento de “Lenguaje Inclusivo” de COCEMFE, el presidente de la organización, Anxo Queiruga, hace hincapié en que “el lenguaje no es neutral”, puesto que “con el lenguaje se puede integrar o marginar, evolucionar, tener un enfoque transformador y visibilizar nuestros valores”.
“De esta manera, palabras anticuadas, inexactas o inapropiadas pueden servir para perpetuar imágenes sociales negativas y estigmatizar a personas o grupos”, argumenta Queiruga, quien destaca que es “sumamente importante cuidar el lenguaje que se utiliza, en nuestro caso concreto, al referirnos a las personas con discapacidad”.
En este sentido, COCEMFE defiende que el término adecuado para referirse a esta parte de la sociedad es “personas con discapacidad”, porque “ante todo somos personas y no queremos que se nos etiquete, ya que nuestra discapacidad es una característica más de todas las que tenemos y no lo único por lo que se nos debe reconocer”.
Asimismo es ese término por el que se reconocen los derechos a las personas con discapacidad en el marco legislativo internacional y español y es el único término válido y consensuado que contempla la Convención sobre los Derechos de la Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, aprobada y ratificada por España.
Por su parte, términos como inválido, minusválido, disminuido, retrasado, tullido son peyorativos y vulneran la dignidad de las personas con discapacidad, al atribuirse un nulo o reducido valor a una persona, o utilizarse generalmente con elevada carga negativa.
Finalmente, COCEMFE califica de buena noticia que el Gobierno se plantee la “normalización lingüística de la Constitución” y espera que se realice lo antes posible, teniendo en cuenta que la Carta Magna debe emplear un lenguaje inclusivo y respetuoso al representar a todas las personas.