COCEMFE Castelló, entidad perteneciente a COCEMFE, reclama que las personas con movilidad reducida puedan acceder al centro de la ciudad con su vehículo como hasta el momento, tras la medida implantada por el Ayuntamiento de Castellón para la vigilancia del tráfico no autorizado a esta zona en sustitución de los antiguos bolardos, que ha restringido su acceso.
Esta entidad señala que ha recibido quejas de personas con discapacidad que necesitan entrar al centro regularmente para realizar gestiones administrativas, realizar compras o acudir a servicios como clínicas psicológicas o farmacias.
COCEMFE Castelló detalla que estas personas han pasado de poder acceder en su vehículo a través de un timbre conectado a la Policía Local, que hacía bajar los bolardos, a tener que obtener un permiso con antelación, desde el pasado mes de febrero, cuando entró en vigor la medida, por lo que ven coartada su libertad de acción o movilidad en un momento de necesidad.
El presidente de COCEMFE Castelló, Ramón Meseguer, ha indicado que esta medida supone una merma en los derechos del colectivo. “Para algunas personas con la movilidad reducida, el coche son nuestras piernas”, ha afirmado Meseguer, quien opina que “las autoridades no han reparado en que con esta medida las personas con discapacidad vemos recortados nuestros derechos, ya que antes sí que podíamos acceder en virtud de la desventaja que supone tener la movilidad reducida. Ahora nos expulsan del centro”.
Meseguer ha recordado que las ciudades deben ser accesibles para las personas con discapacidad. “Desde el punto de vista de la accesibilidad universal, una medida para controlar el tráfico y la contaminación no puede derivar en una barrera efectiva para las personas con discapacidad, por eso pedimos que el Ayuntamiento aplique una alternativa para que los conductores con movilidad reducida vuelvan a estar autorizados a entrar al centro”, ha solicitado.
COCEMFE Castelló detalla las dificultades que afronta las personas con discapacidad a la hora de acceder a la zona restringida, se encuentran las largas distancias que deben recorrer en silla de ruedas o bastones, o el uso de los servicios de taxi, cuando la mayoría de personas con discapacidad subsiste con bajos ingresos o destina hasta un 70% de ellos a gestionar su discapacidad. De este modo, tampoco pueden cargar con paquetes en la silla de ruedas o transportarlos en las manos por tenerlas ocupadas con bastones o andadores.
Meseguer recuerda que el centro es una zona con numerosos pequeños comercios. “Entendemos que nuestra petición va en consonancia, además, con la consideración de consumidor vulnerable de las personas con discapacidad, ya que en el centro se encuentra una gran zona de comercios y servicios, que pueden verse también afectados al perdernos como clientes”, ha concluido.